Ruiz Boix representa a la Diputación en la reunión telemática
El diputado responsable del área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación, Juan Carlos Ruiz Boix, ha representando a la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, en la reunión telemática de la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), en las que se ha analizado el anteproyecto de ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte y el borrador del proyecto de Real Decreto-ley de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales.
El citado anteproyecto de movilidad sostenible pretende dar respuesta a los retos a los que en materia económica, social, medioambiental y de salud pública se enfrentan el transporte y la movilidad, entendidos como política transversal. Se encuentra en fase de información pública. El texto aborda la urgencia climática y la necesidad de reducir emisiones; la transformación digital; la necesidad de coordinación entre administraciones multinivel con competencias en transporte, desde Europa al municipio; la creciente urbanización y los problemas de sostenibilidad que genera; el impacto medioambiental de las infraestructuras de transporte; la necesidad de una planificación rigurosa; la importancia de garantizar la financiación, de que haya una mayor interacción en políticas sectoriales y de que se establezca un marco de participación.
En cuanto al proyecto de real decreto-ley analizado contiene medidas que se refieren a la participación de las entidades locales en los tributos del Estado. Por un lado, a la habilitación de crédito para poder ejecutar la totalidad de los pagos de las entregas a cuenta correspondientes a este año 2020, para lo que se requiere un suplemento de crédito que debe aprobarse, por la naturaleza de esta modificación presupuestaria, una norma con rango de ley, y que, por la urgencia con la que se debe instrumentar, debe serlo mediante un real decreto-ley. Y, por otro lado, a la inclusión de determinadas normas necesarias para poder proceder a las transferencias a favor de las entidades locales por los importes que resulten de la liquidación definitiva de aquella participación correspondiente a 2018, y, en otro caso, para poder aplicar los reintegros a cargo de aquellas otras entidades para las que resulten liquidaciones de signo negativo.