El patronato que gestiona la Fundación Gaditana de Tutela ha celebrado la reunión anual de balance y cierre del ejercicio 2021 donde ha revelado que a lo largo del año que finaliza se ha hecho cargo de la gestión del patrimonio de 377 personas de la provincia en situación de incapacidad para valerse por sí mismas por diferentes motivos
Esta entidad está formada por la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental, Faisem; la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales, Afemen; y la Consejería de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, y está presidida por la Diputación, en concreto por el diputado de Bienestar Social, David de la Encina.
Según ha explicado la Diputación en una nota, la mayoría de los casos en los que se ha hecho cargo de la gestión del patrimonio se corresponden con personas en situación de discapacidad o desatención. Desde la Fundación se les ayuda a gestionar su patrimonio con varios tipos de intervenciones que dependen del origen o del grado de incapacitación de la persona.
En total han sido 53 curatelas, (que supone la gestión parcial de los intereses de la persona afectada por una incapacidad no completa), 135 tutelajes (cuando la persona presenta una incapacidad absoluta para gestionar sus propios intereses) y 156 defensas ordenadas por la autoridad judicial, las situaciones más frecuentes registradas en 2021.
El ejercicio de estos diferentes sistemas de asistencia se rige por un marco legal que ha variado recientemente con la aprobación de la Ley 8/2021 de 30 de junio, que lleva aparejada una transformación significativa del sistema en toda España, con aumento de los casos de curatelas y defensas judiciales.
Por ello, De la Encina ha anunciado que se trabaja en el diseño de unas jornadas técnicas formativas para dar a conocer a los profesionales y los servicios sociales de los ayuntamientos los nuevos protocolos que son de aplicación en estos casos y las variaciones legales que les afectan.
El diputado ha destacado la labor de la Fundación «que atiende a las personas más desvalidas y se convierte en su única red de ayuda. Una red que trabaja 24 horas los 365 días al año». De la Encina ha señalado que además «ofrece soluciones a una realidad social que existe pero que es poco conocida con el objetivo de prevenir su marginación y exclusión social».
La mayoría de los expedientes que gestionan en este servicio se corresponden con personas que presentan una discapacidad psíquica o cognitiva, pero también se asiste a otras que viven en residencias de mayores y no cuentan con familiares que se encarguen de gestionar sus bienes e intereses, que viven en la calle o pertenecen a comunidades terapéuticas con el fin de acabar con su situación de drogodependencia.
Para asumir la guarda y protección legal de personas que no pueden valerse por sí mismas la Fundación nombra un tutor, un curador o un defensor judicial que les protege a dos niveles: asegurando el cuidado de su persona y administrando sus bienes.
Entre las acciones que acomete la Fundación figuran la atención personalizada con visitas domiciliarias y la coordinación con los distintos servicios residenciales; la búsqueda y obtención de recursos sociales y prestaciones económicas, incluidas la declaración anual de pensiones; el acompañamiento a citas médicas, tanto de medicina general como ante especialistas; la plena disponibilidad en situaciones de urgencia y hospitalización, o la gestión del equipamiento de mantenimiento de las viviendas de los tutelados así como su vestuario, activos económicos y otros elementos de primera necesidad.