La presidenta de la Fundación Juan Carlos Aragón, Luisa Tejonero, difunde un extenso comunicado tras la retirada de homenajes al autor gaditano y sostiene que la condena “no debe ser perpetua”.
La Fundación Juan Carlos Aragón ha difundido un extenso comunicado público tras la suspensión de homenajes institucionales y la retirada de reconocimientos al autor gaditano después de conocerse detalles de la condena judicial que pesó sobre él por lesiones, amenazas leves y vejaciones leves.
El texto, firmado por la presidenta de la fundación y viuda del autor, Luisa Tejonero, busca “contextualizar” el procedimiento judicial y defender que Juan Carlos Aragón “cumplió íntegramente su condena”, al tiempo que rechaza lo que considera un proceso de “damnatio memoriae” contra su figura pública.
El comunicado llega en plena polémica política y social tras la suspensión de la Estrella del Carnaval prevista en Cádiz y después de que distintas agrupaciones, entidades y colectivos hayan anunciado la retirada de homenajes vinculados al autor carnavalesco.
En el documento, la fundación sostiene que es “absolutamente incierto” que Francisca Pino sufriera malos tratos durante toda la relación mantenida con Juan Carlos Aragón y repasa distintas resoluciones judiciales y declaraciones realizadas por la denunciante durante el procedimiento.
Entre otros aspectos, el comunicado recuerda que la orden de alejamiento inicialmente impuesta fue posteriormente retirada por decisión judicial tras las manifestaciones realizadas por Francisca Pino, quien expresó en distintas ocasiones su deseo de archivar el procedimiento y evitar el cumplimiento de determinadas medidas accesorias.
La fundación sostiene además que, tras la condena, la relación entre ambos continuó durante años y menciona mensajes privados posteriores al procedimiento judicial en los que, según el escrito, Francisca Pino mantenía contacto cordial con el autor.
El texto también destaca que Juan Carlos Aragón “no volvió a cometer delito alguno”, que carecía de antecedentes penales y que la condena quedó extinguida definitivamente en 2013.
Uno de los principales ejes argumentales del comunicado gira en torno al principio de reinserción social recogido en el ordenamiento jurídico español.
La fundación defiende que una persona que ha cumplido su condena no debe quedar sometida a un castigo social perpetuo y sostiene que “si ninguna pena basta nunca, entonces la lógica deja de ser jurídica y pasa a ser puramente vindicativa”.
El escrito dedica varios apartados a reflexionar sobre el concepto de “damnatio memoriae”, una expresión utilizada en la antigua Roma para referirse al intento de borrar públicamente el recuerdo de una persona.
Según la fundación, la frontera entre memoria legítima y estigmatización permanente comienza a cruzarse cuando el debate público deja de centrarse en los hechos y se convierte en una estrategia de “humillación” o “castigo social indefinido”.
La entidad sostiene además que el paso del tiempo debe ser tenido en cuenta, al recordar que los hechos ocurrieron hace más de veinte años, la condena se dictó hace dieciséis y el fallecimiento del autor tuvo lugar en 2019.
El comunicado llega en un contexto de fuerte debate público en Cádiz sobre la continuidad de homenajes institucionales y reconocimientos vinculados a Juan Carlos Aragón, una figura de enorme peso dentro del Carnaval gaditano.
Durante los últimos días, distintas agrupaciones carnavalescas han anunciado la renuncia a premios o reconocimientos vinculados a la Fundación Juan Carlos Aragón en señal de apoyo a las víctimas.
La polémica también ha provocado una intensa confrontación política y social en redes sociales y dentro del ámbito cultural gaditano.
