La II Estrategia de Ciberseguridad de Andalucía prevé usar inteligencia artificial frente a las amenazas digitales

La II Estrategia de Ciberseguridad de Andalucía para 2027-2030 reforzará la protección de los servicios públicos tras registrarse 9.286 incidentes en el primer semestre de 2026

La Junta prepara una nueva planificación de ciberseguridad para el periodo 2027-2030 que incorporará inteligencia artificial a los sistemas de detección y respuesta ante ataques. La II Estrategia de Ciberseguridad de Andalucía, cuyo proceso de formulación ha sido autorizado por el Consejo de Gobierno, también abordará los riesgos asociados a la computación cuántica y buscará aumentar la capacidad de recuperación de los servicios públicos.

El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública y presidente de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), José Antonio Nieto, presentó las principales líneas de esta estrategia durante una intervención en el pleno del Parlamento andaluz. La Agencia Digital coordinará su elaboración y aplicación, en la que participará el conjunto de la Administración autonómica.

La nueva planificación se plantea en un contexto de crecimiento de los incidentes digitales gestionados por los servicios de la Junta. El Centro de Operaciones de Seguridad atendió 13.539 durante 2025 y contabilizó otros 9.286 en el primer semestre de 2026. Esta última cifra representa un incremento del 34% respecto al mismo periodo del año anterior.

Uno de los ejes previstos será el uso de inteligencia artificial para anticipar amenazas, identificar comportamientos anómalos y mejorar la respuesta ante posibles ataques. Según expuso Nieto, la extensión de esta tecnología a diferentes ámbitos económicos y administrativos obliga a adaptar también los mecanismos de protección.

La estrategia incluirá asimismo medidas relacionadas con la computación cuántica, considerada por la Administración autonómica uno de los próximos desafíos para la seguridad de los sistemas. La planificación pretende reforzar la resiliencia de las infraestructuras públicas, mantener la continuidad de los servicios esenciales y acelerar la recuperación de su funcionamiento cuando se produzca un incidente.

Nieto defendió que la seguridad se incorpore desde la fase de diseño de las herramientas digitales y durante la prestación de los servicios públicos. “Cada herramienta nueva que diseñemos, o cada servicio que prestemos desde la Junta de Andalucía deberá avanzar con las máximas garantías de seguridad”, afirmó ante el Parlamento.

La futura estrategia no se limitará a la estructura administrativa de la Junta. Entre sus líneas figura la cooperación con las administraciones locales y las universidades, además de una atención específica a las pequeñas y medianas empresas. Esta participación puede afectar directamente a ayuntamientos, instituciones académicas y negocios de la provincia de Cádiz, aunque el documento tendrá alcance para toda Andalucía.

La comunidad puso en marcha su primera Estrategia de Ciberseguridad en 2022, inicialmente con vigencia hasta 2025. Su aplicación fue prorrogada durante un año antes de la preparación del nuevo marco para 2027-2030.

Durante ese periodo se ha desarrollado el Centro de Ciberseguridad de Andalucía, situado en la provincia de Málaga. La inversión destinada a este recurso asciende a 74 millones de euros, según los datos expuestos por el consejero.

Nieto vinculó el aumento de los riesgos con la rapidez de la transformación tecnológica y con el desarrollo de herramientas cada vez más potentes y accesibles. También señaló que tanto la ciberseguridad como una parte creciente de la actividad económica están relacionadas con la inteligencia artificial, una evolución que, a su juicio, exige reforzar la anticipación.

La formulación de la segunda estrategia deberá concretar las actuaciones para el periodo 2027-2030 a partir de estas líneas generales. Su ejecución corresponderá a la Agencia Digital de Andalucía en coordinación con los distintos departamentos de la Administración autonómica y con las entidades que se incorporen a los mecanismos de cooperación previstos.