La investigación judicial sobre contratos del SAS en Cádiz avanza con el encargo a la Intervención General del Estado de un análisis integral sobre fraccionamientos y sobrecostes.
La investigación judicial sobre contratos del SAS en Cádiz ha dado un paso relevante después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz haya solicitado un informe pericial a la Intervención General del Estado (IGAE) para analizar de forma global el presunto fraccionamiento de contratos menores por importe de 235,4 millones de euros. La causa se inició tras una denuncia de Podemos Andalucía y se centra en determinar si estos procedimientos se ajustaron a la legalidad o generaron un perjuicio económico a las arcas públicas.
En una providencia dictada el 4 de diciembre, el magistrado reclama a la IGAE la revisión exhaustiva de todos los contratos investigados, incluidas prórrogas, adendas y modificaciones. El objetivo es constatar si las irregularidades ya detectadas por la Intervención General de la Junta de Andalucía en una muestra representativa se extienden al conjunto de la contratación menor realizada por el Servicio Andaluz de Salud en la provincia.
El juez solicita a los peritos que realicen un análisis técnico sobre la legitimidad de la modalidad de contratación empleada y sobre el procedimiento administrativo seguido, con el fin de determinar si existió una causa habilitante que justificara el uso continuado de contratos menores y su fragmentación. La resolución también ordena examinar los precios adjudicados y compararlos con los que habrían resultado de aplicar los procedimientos ordinarios de la Ley de Contratos del Sector Público, que exigen publicidad y concurrencia.
Uno de los aspectos a los que el magistrado otorga mayor relevancia es la comparación de precios con otras comunidades autónomas. La providencia establece que la IGAE deberá consultar expedientes similares en distintos perfiles del contratante para evaluar si los importes abonados por el SAS se ajustaron al mercado o si, por el contrario, existieron sobrecostes derivados del fraccionamiento.
Además, el informe deberá determinar si la prestación de los servicios contratados estuvo debidamente justificada y cumplió los requisitos para su abono. La IGAE también tendrá que analizar las fuentes presupuestarias utilizadas, la tramitación económica y la adecuación del gasto a la normativa vigente, revisando las fases de autorización, aprobación y ejecución presupuestaria.
El magistrado solicita además que el informe concluya, siquiera de manera aproximada, el posible daño causado al erario público como consecuencia de las decisiones adoptadas en los expedientes analizados, especialmente en los casos en los que falte justificación o concurrencia en la contratación. La providencia podrá recurrirse en reforma en un plazo de tres días.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz acordó a finales de octubre prorrogar el plazo de investigación hasta el 2 de abril de 2026, tras la solicitud presentada por la representación del PSOE y respaldada por Podemos y la Fiscalía. El resto de partes personadas se opuso a esta ampliación.
Con el encargo a la IGAE, la investigación judicial sobre contratos del SAS en Cádiz entra en una fase de análisis técnico que será determinante para establecer si las prácticas detectadas constituyen irregularidades administrativas o si podrían derivar en responsabilidad penal y patrimonial.
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