La Junta advierte de “consecuencias devastadoras” por el conflicto del metal en Cádiz y pide responsabilidad
La consejera de Empleo, Rocío Blanco, afirma que el Gobierno andaluz actúa con neutralidad y solicita a las partes “altura de miras” para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la huelga indefinida
La Junta de Andalucía ha mostrado este miércoles su preocupación por los efectos del conflicto laboral del sector del metal en la provincia de Cádiz, advirtiendo de que “puede tener unas consecuencias devastadoras” tanto para los trabajadores como para el tejido productivo de la zona. Así lo ha asegurado la consejera de Empleo, Rocío Blanco, durante su intervención en el Parlamento andaluz, donde ha sido cuestionada por el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García.
En su respuesta, Blanco ha explicado que el Ejecutivo andaluz está “monitorizando” la situación y que su papel ha sido “exquisitamente equitativo y neutral”, en cumplimiento de la ley y el respeto a la autonomía de las partes. Ha subrayado que la Junta está ofreciendo asistencia técnica y mediación a través de organismos como el SERCLA (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía) y el CARL (Consejo Andaluz de Relaciones Laborales).
La titular de Empleo ha lamentado que no se haya podido consolidar el preacuerdo alcanzado el pasado domingo entre la patronal Femca y el sindicato UGT, mayoritario en la mesa de negociación, lo que ha prolongado la huelga indefinida que ya cumple cuatro días. En este sentido, ha hecho un llamamiento a los interlocutores sociales para que muestren “altura de miras y responsabilidad” y cierren un pacto que devuelva la estabilidad al sector.
“El ruido no genera confianza, y la falta de confianza no genera inversión en el tejido productivo”, ha señalado Blanco, quien ha insistido en la necesidad de preservar la actividad económica en una provincia que ya ha sufrido duramente los efectos del desempleo y la desindustrialización.
Por su parte, el parlamentario José Ignacio García ha reprochado a la Junta y al Gobierno central su supuesta “pasividad” ante lo que calificó como “un conflicto que representa el futuro de Cádiz”. En su intervención, ha recordado que los trabajadores del sector llevan años arrastrando “condiciones de precariedad sistemática, salarios bajos, horas extra abusivas y una gran brecha salarial”, además de denunciar que no se les reconoce el plus de toxicidad y penosidad.
García acusó a ambas administraciones de “avalar un acuerdo infame” y de no atender las reivindicaciones de una plantilla que solo pide “salud, conciliación, dignidad laboral y futuro”. La consejera le respondió acusándole de “venir a polarizar desde la silla” sin haber contribuido a la solución del problema, y defendió la implicación del Ejecutivo andaluz, que —aseguró— “trabaja horas y horas para acercar posiciones”.
Blanco también se refirió a la larga reunión de más de 12 horas mantenida el miércoles entre sindicatos y patronal en el CARL, que concluyó con la suspensión de las negociaciones por agotamiento de las partes y la necesidad de consultar con sus respectivas bases. “Han sido más de 70 horas de trabajo. Ahora necesitan tiempo para valorar los siguientes pasos”, explicó la consejera.
La crisis del sector del metal en Cádiz, especialmente en la industria auxiliar vinculada a Navantia, ha sido motivo de movilización durante toda la semana, con protestas en la capital y otras localidades de la Bahía. La negociación del nuevo convenio colectivo se encuentra bloqueada desde hace más de 18 meses.
