La Junta aprueba el decreto que desarrolla la Ley de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado

La Junta aprueba el decreto que desarrolla la Ley de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado, consolidando su estatus como autoridad pública y garantizando asistencia jurídica y psicológica gratuita.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el decreto que desarrolla la Ley 3/2021, de 26 de julio, de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado, con el objetivo de reforzar la consideración social, el respeto y la protección del personal docente de centros no universitarios en el ejercicio de sus funciones. La norma busca mejorar el clima de convivencia en la comunidad educativa y garantizar que el profesorado pueda desempeñar su labor con dignidad y seguridad.

La Junta aprueba el decreto que desarrolla la Ley de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado en un contexto en el que se considera clave fortalecer el prestigio de la educación y promover valores como el mérito, el esfuerzo y la responsabilidad entre el alumnado. El texto establece un marco normativo que consolida la figura del docente como pilar fundamental del sistema educativo y refuerza su respaldo institucional.

Entre las principales medidas recogidas en el decreto se encuentra el reconocimiento expreso del profesorado como autoridad pública. Esta condición implica que el testimonio del docente tendrá presunción de veracidad en el ejercicio de sus funciones y contará con el respaldo legal necesario ante posibles conflictos. Asimismo, el alumnado y sus representantes legales tienen el deber de respetar la autoridad del profesorado, seguir sus orientaciones y colaborar en el cumplimiento de las normas de convivencia de los centros educativos.

La Junta aprueba el decreto que desarrolla la Ley de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado incorporando también mecanismos de protección jurídica y apoyo psicológico gratuitos. El texto regula los procedimientos para que los docentes puedan solicitar asistencia jurídica en aquellos casos en los que sean víctimas de amenazas, coacciones o agresiones, o cuando necesiten defender sus derechos en el ejercicio de su profesión.

La asistencia jurídica incluye la representación y defensa en juicio, tanto en procedimientos iniciados contra el docente como en aquellos promovidos por él mismo para la protección de sus derechos. Además, la Junta de Andalucía promoverá ante la Fiscalía la calificación como atentado de las agresiones e intimidaciones graves cometidas contra el profesorado, reforzando así la respuesta institucional ante este tipo de conductas.

Otra de las novedades relevantes del decreto es la creación de la Unidad de Apoyo al Profesorado en cada provincia, dependiente de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Estas unidades estarán dotadas de perfiles profesionales especializados y se configuran como una herramienta clave para garantizar que los centros educativos sean espacios seguros y respetuosos.

La Unidad de Apoyo al Profesorado tendrá entre sus funciones atender e informar al personal docente que se vea afectado por situaciones conflictivas, tramitar las solicitudes de asistencia jurídica y psicológica y evaluar el grado de conflictividad existente para prevenir futuros problemas. Cada caso será analizado de manera individualizada, con el fin de ofrecer al docente afectado información clara sobre las acciones que pueden emprenderse.

En el ámbito psicológico, el decreto contempla la prestación de apoyo especializado para ayudar al profesorado a superar las consecuencias de agresiones o conflictos que puedan afectar a su salud y a su rendimiento laboral. Este acompañamiento se considera fundamental para preservar el bienestar emocional de los docentes y su capacidad para desarrollar su labor educativa.

La Junta aprueba el decreto que desarrolla la Ley de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado incluyendo también medidas destinadas a mejorar la valoración social de la función docente. En este sentido, se prevé la realización de campañas informativas y divulgativas para aumentar el respeto y el prestigio del profesorado, así como para visibilizar la importancia social de su trabajo.

El desarrollo normativo contempla igualmente el establecimiento de las bases reguladoras de premios y distinciones educativas, con el objetivo de reconocer al profesorado que destaque por su labor innovadora, su dedicación o su contribución a la mejora de la convivencia en los centros educativos. Asimismo, los planes de formación del profesorado incorporarán contenidos orientados a mejorar la inteligencia emocional y las competencias emocionales, reforzando su autoestima y su autoridad pública.

El ámbito de aplicación del decreto no se limita exclusivamente al interior de los centros educativos, sino que se extiende a las actividades complementarias y extraescolares, así como a cualquier situación en la que un docente pueda ver vulnerados sus derechos en el ejercicio de su profesión. Esto incluye expresamente supuestos de ciberacoso y cualquier acto que atente contra su integridad física o moral.

Con esta aprobación, la Junta de Andalucía da un paso más en el desarrollo de un marco normativo destinado a proteger y respaldar al profesorado, reforzando su autoridad y dotándolo de herramientas para afrontar situaciones de conflicto. La Junta aprueba el decreto que desarrolla la Ley de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado como una medida orientada a mejorar la convivencia escolar y a fortalecer el sistema educativo andaluz.