La Junta aprueba un decreto para la reducción de burocracia en los centros educativos
La reducción de burocracia en los centros educativos afectará a toda la enseñanza no universitaria andaluza e incluye cambios en tutorías, evaluaciones, organización interna y convivencia escolar
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado un decreto para reducir los trámites administrativos y reorganizar el funcionamiento de los centros y servicios educativos no universitarios de la comunidad, incluidos los de la provincia de Cádiz. La norma simplifica documentos y procedimientos, amplía la autonomía organizativa de los centros e incorpora cambios en tutorías, evaluaciones extraordinarias, consejos escolares y medidas frente al acoso.
La reducción de burocracia en los centros educativos forma parte del acuerdo suscrito por la Consejería de Educación con las organizaciones sindicales CSIF, ANPE y UGT. El objetivo declarado por la Administración autonómica es que el profesorado dedique menos tiempo a tareas administrativas y pueda concentrarse en la planificación pedagógica y la atención al alumnado.
Entre las medidas previstas se encuentran la eliminación de duplicidades en los documentos programáticos, la reducción de trámites intermedios, la digitalización de procesos y la flexibilización de determinadas estructuras organizativas. Los cambios afectan al proyecto educativo, las programaciones didácticas y el procedimiento de autoevaluación, además de unificar los programas de refuerzo en un solo procedimiento.
El decreto también delimita el contenido esencial de la función tutorial para diferenciarlo de las tareas generales atribuidas al profesorado. La Consejería sostiene que esta modificación permitirá clarificar las competencias y evitar la repetición de documentación o actuaciones administrativas.
En los institutos de Educación Secundaria se simplificará la estructura de los órganos de coordinación docente. La norma suprime las áreas de competencia, salvo en Formación Profesional, y elimina el carácter obligatorio del departamento de Evaluación, Formación e Innovación Educativa.
Las horas que queden disponibles como consecuencia de esta reorganización deberán destinarse prioritariamente a la acción tutorial en Bachillerato. De manera subsidiaria, podrán asignarse a las demás enseñanzas de Secundaria, con la finalidad de reforzar el seguimiento educativo y personal de los estudiantes.
Otro de los cambios afecta a la capacidad de organización de los centros, que podrán adaptar el currículo y la distribución de las materias a sus necesidades, especialmente en Educación Primaria. También se reducen las cargas documentales y los plazos asociados a la autoevaluación interna.
Los equipos directivos dispondrán igualmente de mayor margen para organizar los recursos y ajustar el funcionamiento de cada centro a su entorno. Este aumento de su capacidad de decisión irá acompañado, según la Junta, de un nuevo modelo de rendición de cuentas que reorganizará los controles administrativos.
En materia de convivencia escolar, el decreto refuerza la posibilidad de cambiar de centro al alumnado responsable de conductas de acoso en los institutos de Educación Secundaria. Se trata de una medida disciplinaria dirigida a separar del centro a quienes hayan cometido estas conductas y a ampliar los instrumentos de actuación de los equipos directivos.
La norma introduce asimismo el traslado a junio de las evaluaciones extraordinarias de las enseñanzas de Artes Plásticas, los idiomas de régimen especial y las enseñanzas profesionales de Música y Danza. Estas pruebas se celebraban tradicionalmente en septiembre.
La modificación permitirá integrar las calificaciones ordinarias y extraordinarias dentro del mismo periodo y unificar el proceso evaluador en un solo acto administrativo. La Junta vincula el adelanto con el acceso de este alumnado a las pruebas universitarias en las mismas condiciones temporales que el resto de estudiantes, además de facilitar las tareas de recuperación, orientación y preparación académica.
El decreto modifica también los procedimientos para elegir a los representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa en los consejos escolares. La regulación fomenta el voto telemático y flexibiliza tanto la constitución como el funcionamiento de las mesas electorales.
Además, dejará de ser obligatorio celebrar un claustro específico para seleccionar a los representantes del profesorado en el consejo escolar. La medida pretende reducir los trámites ligados a estos procesos electorales y facilitar la participación mediante sistemas a distancia.
La nueva regulación se aplicará a todos los centros y servicios educativos no universitarios de Andalucía. Su alcance comprende, por tanto, colegios, institutos y otros centros de enseñanzas de régimen especial del sistema educativo andaluz.
