La Junta crea la Comisión de Coordinación del Empleo Público de Andalucía

El Consejo de Gobierno aprueba el decreto que regula la Comisión de Coordinación del Empleo Público de Andalucía, un nuevo órgano técnico para coordinar las políticas de personal entre la Junta, ayuntamientos y universidades públicas

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el decreto para la creación de la Comisión de Coordinación del Empleo Público de Andalucía, un nuevo órgano técnico destinado a reforzar la coordinación entre las distintas administraciones en materia de personal y recursos humanos.

La medida desarrolla lo previsto en la Ley de la Función Pública de Andalucía y establece un marco estable de cooperación entre la Administración autonómica, las entidades locales y las universidades públicas andaluzas. El objetivo es unificar criterios y mejorar la planificación del empleo público en la comunidad.

La Comisión de Coordinación del Empleo Público de Andalucía quedará adscrita a la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública. Tendrá carácter colegiado y funciones de consulta, asesoramiento y participación administrativa.

Entre sus competencias figura la elaboración de estudios e informes sobre la situación del empleo público en Andalucía, así como el análisis de proyectos normativos, planes y programas relacionados con la función pública. También podrá formular criterios comunes en cuestiones como la carrera profesional, la evaluación del desempeño o la movilidad entre administraciones.

El nuevo órgano trabajará igualmente en la definición de necesidades de los sistemas de información sobre recursos humanos, con el fin de mejorar el conocimiento de las plantillas y facilitar la toma de decisiones. Además, impulsará la cooperación técnica entre administraciones, especialmente en apoyo de aquellas con menor capacidad organizativa.

Según el decreto aprobado, la comisión promoverá actuaciones que garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, e incorporará la perspectiva de género en los estudios e informes que elabore.

El órgano deberá constituirse en el plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor del decreto. Estará presidido por la persona titular de la consejería competente en materia de Administración Pública y contará con representación de las principales áreas de la Junta con competencias en recursos humanos, entre ellas Educación, Salud, Justicia, Hacienda, Administración Local y el sector público instrumental.

También formarán parte de la comisión cuatro representantes de la Administración Local designados por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y cuatro representantes de las universidades públicas andaluzas, designados por la Comisión del Sistema Público Universitario Andaluz.

El decreto prevé la posibilidad de crear grupos de trabajo especializados para abordar materias concretas y contempla la colaboración del personal técnico de las distintas administraciones.

La puesta en marcha de la Comisión de Coordinación del Empleo Público de Andalucía afecta al conjunto del sistema público andaluz, incluidas las administraciones locales de la provincia de Cádiz, que estarán representadas a través de la FAMP. El nuevo órgano se configura como un espacio de coordinación permanente en un contexto de creciente complejidad organizativa y diversidad de estructuras dentro del sector público andaluz.