La Junta de Andalucía ha expresado su sorpresa ante las recientes declaraciones de la alcaldesa de El Gastor sobre la apertura del nuevo Centro de Salud del municipio, atribuyendo la responsabilidad de los retrasos al propio Ayuntamiento. Según la Junta, el consistorio no informó de la falta de infraestructuras necesarias para disponer de línea telefónica e Internet, cruciales para el funcionamiento del centro.
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) está trabajando para solucionar las deficiencias detectadas en la infraestructura cedida por la Diputación de Cádiz el pasado abril. La Junta tenía la intención de abrir las nuevas instalaciones sanitarias lo antes posible, pero la ausencia de una conexión telefónica e Internet lo impide. Este problema fue descubierto por los técnicos del SAS al recibir la infraestructura, lo que ha demorado la dotación y apertura del centro.
La Junta lamenta que el Ayuntamiento no comunicara la falta de estas infraestructuras, una situación que afecta a otras zonas del municipio. El personal municipal ha confirmado que las canalizaciones a nivel de calle no están realizadas y que la arqueta de entrada de datos al centro está obstruida debido a obras realizadas previamente para el servicio de luz y agua, que dañaron las tuberías de datos sin ser reparadas.
El Gobierno andaluz reitera su compromiso con la sanidad de El Gastor y su ciudadanía, y asegura estar trabajando desde el primer momento para resolver estas cuestiones. No obstante, estos contratiempos, ajenos a su voluntad, han impedido hasta ahora la apertura del Centro de Salud.
Además, la Junta señala que problemas similares se han encontrado en el Centro de Salud de La Dehesilla en Sanlúcar, también fruto de un convenio con la Diputación. Representantes del PSOE han reclamado su apertura, a pesar de que la infraestructura quedó pendiente de trámites durante sus mandatos en la Junta y la Diputación.
El Centro de Salud de La Dehesilla, terminado gracias a la actual Administración autonómica, no ha sido recepcionado por el SAS debido a que el anterior gobierno no efectuó el pago necesario a Endesa para la legalización de la instalación eléctrica. Este pago, de 24.413,72 euros, fue realizado por el actual equipo de la Diputación en enero, permitiendo a Endesa comenzar a trabajar en el transformador pendiente.