Se ha dado el visto bueno al pliego del programa Bajemos a la Calle, que establece un mínimo de 660 servicios al año y se atenderá a una media de 30 personas al mes
La Junta de Gobierno local ha aprobado hoy las alegaciones que la Delegación de Asuntos Sociales y del Mayor presentará al proyecto de orden que regula el servicio de Ayuda a Domicilio.
“Somos conscientes de la necesidad de reformular esta orden dado el crecimiento del número de personas beneficiarias y de la complejidad del servicio, además de la necesidad de mejorar las condiciones laborales del personal profesional, entre ellas, la mejora salaria con la actualización precio/hora de la financiación por parte de la Junta de Andalucía”, ha manifestado la concejala y portavoz del Equipo de Gobierno, Ana Fernández.
Asimismo, ha incidido en que el servicio de Ayuda a domicilio no sólo es un servicio de atención directa, sino que además es una herramienta en los procesos de intervención, sobre todo en determinados perfiles como puede ser el de personas con síndrome de Diógenes, personas con enfermedad mental, o familias en contexto de ayuda o control.
“Estamos obligados a presentar alegaciones porque el borrador de la Junta de Andalucía sigue dejando muchos conceptos técnicos a la libre interpretación, lo que se traduce en inseguridad jurídica para el propio personal y genera diferencias en el tipo de servicios que puede recibir una persona usuaria”.
Además, pone de manifiesto que existe una “desprotección en la garantía de la atención por la insuficiencia del número de horas prescritas”.
En cuanto a la financiación, “lo que se ha hecho es subir un triste 1,60 euros a un servicio que lleva igual diez años a pesar de que se han encarecido los costes de gestión entre los que se encuentra formación, ayudas técnicas, epis, gastos de coordinación, etcétera”. “Es por ello –añade- que toda la responsabilidad se deposita en los ayuntamientos que ya de por sí estamos haciéndonos cargo de la crisis socioeconómica generada por la pandemia”. Y también señala que “no aumenta la financiación para el proveniente del Plan Concertado que también se plasma en la Ley de Servicios Sociales como prestación garantizada y que, en el caso concreto del Ayuntamiento de Cádiz, supone el 40% de las personas beneficiarias, por las especiales características sociodemográficas y socioeconómicas de nuestra ciudad”.
Por todo ello se va a presentar una serie de alegaciones, y la portavoz del Equipo de Gobierno ha expresado su deseo de que “se abra de verdad un espacio de diálogo, como así se ha solicitado desde la FAMP, para poder dignificar el servicio y a sus profesionales, además de garantizar la calidad del mismo”.
Por otra parte, el concejal Martín Vila ha anunciado la aprobación del pliego para el programa Bajemos a la Calle, que busca romper el aislamiento de las personas mayores de nuestra ciudad.
Vila ha explicado que este servicio se prestaba antes en colaboración con Cruz Roja, a través de un convenio, “y tras los buenos resultados que ha tenido y la acogida, hemos aprobado un pliego para sacar a licitación este servicio y consolidar así este programa”.
El pliego establece un mínimo de 660 servicios al año y se atenderá a una media de 30 personas al mes. En cada uno de estos servicios se realizará la bajada de la casa y la posterior subida al domicilio. Además, tal y como se venía haciendo, se harán labores de acompañamiento, evaluación, etcétera.
El contrato será por un año, por un importe de 40.000 euros, y el servicio seguirá siendo gratuito para las personas usuarias.
Otro asunto que se ha abordado en la Junta de Gobierno es la solicitud a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz de la concesión del dominio público portuario ocupado por el carril bici, en la zona colindante con el cerramiento del Muelle Ciudad, en la dársena comercial, con una superficie total de 2.962 metros cuadrados.
Cabe recordar que en agosto de 2017, la Autoridad Portuaria otorgó al Ayuntamiento la autorización para la utilización del dominio público portuario para la ocupación de terreros con objeto de la construcción del carril bici en esa zona que acabo de señalar. Y se autorizó por un plazo de 3 años. Así que al haber finalizado el periodo establecido en la autorización, se ha acordado hoy en la Junta de Gobierno Local solicitar a la Autoridad Portuaria dicha concesión del dominio público portuario ocupado por el carril bici por un plazo de 15 años.
En cuanto a las ayudas sociales de esta semana, se han aprobado 138 ayudas de Emergencia Social por un total de 51.168 euros, 8 ayudas económicas familiares por un montante de 2.422 euros, 80 ayudas para el pago de facturas de luz por 3.650 euros, 37 ayudas para el pago de recibos de agua por un importe de 2.266 euros, y ocho bonificaciones para pensionistas para el pago de facturas de la luz y tres para las facturas del agua.