La Junta ejecuta la demolición de una edificación ilegal en suelo rústico en Barbate

La Junta ejecuta la demolición de una edificación ilegal en suelo rústico en Barbate tras incumplirse la orden de suspensión y romperse el precinto de la obra.

La Junta de Andalucía ha ejecutado la demolición de una edificación ilegal en suelo rústico y el cierre de tres parcelas sin construcciones en la zona de la Ribera de la Oliva, en el término municipal de Barbate. La actuación se ha llevado a cabo después de que el propietario de la vivienda incumpliera de forma reiterada la orden de suspensión de las obras y rompiera el precinto colocado por la administración autonómica para continuar con la construcción.

La intervención se ha desarrollado este miércoles dentro de un operativo de inspección urbanística coordinado por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. Los trabajos se han realizado con normalidad y bajo un dispositivo de seguridad en el que han participado efectivos de la Policía Local de Barbate, la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía y la Guardia Civil.

La demolición de la edificación y el cierre de los cerramientos perimetrales se han ejecutado una vez tramitados los correspondientes expedientes de restablecimiento de la legalidad territorial. En el caso de la vivienda demolida, la actuación ha contado con la autorización judicial de entrada, requisito necesario para poder llevar a cabo este tipo de intervenciones en propiedades privadas.

La actuación de la Junta de Andalucía tiene su origen en una solicitud de auxilio formulada por el Ayuntamiento de Barbate en el año 2021. El Consistorio puso entonces en conocimiento de la administración autonómica la proliferación de construcciones irregulares en esta zona del municipio y su falta de medios personales para afrontar la situación, solicitando la intervención de la inspección urbanística autonómica.

A raíz de esta petición, la inspección realizó una primera visita en diciembre de 2021, en la que se detectó un importante número de edificaciones en construcción sin licencia urbanística, consideradas ilegales e ilegalizables. Desde ese momento, se han incoado más de un centenar de expedientes de protección de la legalidad y otros tantos procedimientos sancionadores relacionados con edificaciones levantadas de forma irregular en suelo rústico.

La Junta de Andalucía ha alertado del grave impacto medioambiental asociado a estas construcciones ilegales. En la zona afectada se ha constatado la implantación de viviendas prefabricadas y otras edificaciones que carecen de sistemas adecuados de saneamiento, con vertidos fecales directos a las marismas y fosas sépticas sin control, lo que supone un riesgo para el entorno natural y la salud pública.

Paralelamente a las actuaciones administrativas, también se están desarrollando procedimientos de carácter penal. La Fiscalía especializada en delitos contra el medio ambiente y el urbanismo ha abierto diligencias de investigación al considerar que la construcción en suelo rústico sin licencia puede constituir un delito contra la ordenación del territorio. Como consecuencia de estas investigaciones, se han remitido denuncias a los juzgados de instrucción de Cádiz en relación con las viviendas levantadas en las parcelaciones irregulares denunciadas.

La inspección urbanística autonómica persigue frenar el proceso de ocupación ilegal de un territorio sobre el que pesan decenas de órdenes de demolición. El objetivo es impedir la consolidación de nuevas edificaciones irregulares y evitar un daño medioambiental mayor en una zona especialmente sensible desde el punto de vista ecológico.

Estas actuaciones se enmarcan en el refuerzo de las competencias de la Junta de Andalucía en materia de disciplina urbanística tras la entrada en vigor de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía y su reglamento. Este marco normativo permite a la administración autonómica actuar de forma directa frente a infracciones urbanísticas en suelo rústico, incrementando la capacidad de intervención preventiva y el número de actuaciones destinadas a preservar el territorio.

Con esta demolición en Barbate, la Junta de Andalucía continúa su estrategia de lucha contra las edificaciones ilegales y reafirma su compromiso con la protección del suelo rústico y del medio ambiente, así como con el cumplimiento estricto de la legalidad urbanística en la provincia de Cádiz.