La Junta incluirá una rebaja del ITP en Andalucía en los Presupuestos de 2027
La rebaja del ITP en Andalucía reducirá el tipo general del 7% al 6,75% y ampliará hasta 200.000 euros el precio máximo para aplicar tipos reducidos en vivienda habitual.
La Junta de Andalucía ha anunciado que los Presupuestos autonómicos de 2027 incluirán una reducción del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) aplicable a la compra de viviendas de segunda mano. La rebaja del ITP en Andalucía situará el tipo general en el 6,75%, frente al 7% actual, y elevará los límites de precio para acceder a los tipos reducido y superreducido.
La vicepresidenta tercera de la Junta y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, presentó estas medidas en una comisión del Parlamento andaluz dedicada a las líneas de actuación de su departamento para la nueva legislatura. Según las estimaciones expuestas por la consejera, los cambios podrían alcanzar a unos 146.500 contribuyentes durante 2027.
La modificación afectará a las operaciones de compraventa de viviendas usadas, que tributan mediante el ITP. Las viviendas de nueva construcción continuarán sujetas al impuesto sobre el valor añadido (IVA), por lo que no estarán incluidas en esta rebaja.
El principal cambio será la reducción de un cuarto de punto en el tipo general, desde el 7% hasta el 6,75%. La Consejería de Economía calcula que esta medida podría beneficiar a cerca de 138.000 compradores el próximo año. España indicó que el objetivo del Ejecutivo autonómico es aplicar reducciones anuales de un cuarto de punto hasta dejar el tipo general en el 6% al final de la legislatura.
La Junta ya modificó este tributo en 2021, cuando sustituyó los anteriores tipos del 10%, 9% y 8% por un tipo lineal del 7%. La nueva medida anunciada para 2027 continuará esa reducción, aunque mantendrá tipos específicos más bajos para determinadas compras de vivienda habitual y para colectivos concretos.
En el caso del tipo reducido del 6%, el precio máximo de la vivienda habitual pasará de 150.000 a 200.000 euros. De esta manera, las personas que compren un inmueble para residir en él y paguen hasta 200.000 euros podrán acogerse a ese porcentaje. La Junta estima que unas 3.700 personas se beneficiarán de la ampliación del límite.
También se elevará hasta 200.000 euros el valor máximo de la vivienda para aplicar el tipo superreducido del 3,5%. Este porcentaje está dirigido a menores de 35 años, víctimas de violencia de género, víctimas de terrorismo y residentes en municipios considerados en riesgo de despoblación.
Para las personas con discapacidad y las familias numerosas, el límite de precio para acceder al tipo superreducido será de 300.000 euros. Las modificaciones anunciadas se incorporarán a las cuentas autonómicas de 2027 dentro de un conjunto más amplio de medidas sobre vivienda que la Junta prevé desarrollar durante la legislatura.
Durante su comparecencia, España señaló que la política de vivienda será uno de los ejes de actuación del Gobierno andaluz y planteó la coordinación con otras administraciones. La consejera no concretó durante esta intervención el resto de iniciativas que acompañarán a los cambios fiscales incluidos en los próximos presupuestos.
La responsable de Economía también expuso la creación de una vicepresidencia con competencias económicas, que asumirá la dirección estratégica y el seguimiento de un nuevo Plan de Política Económica para Andalucía. Este instrumento establecerá las prioridades del Ejecutivo autonómico en materias como inversión, productividad, crecimiento empresarial y empleo.
Entre las líneas anunciadas figura igualmente el refuerzo de la Unidad Aceleradora de Proyectos, junto con medidas para reducir los tiempos administrativos y acompañar la tramitación de inversiones. La Consejería mantendrá además entre sus objetivos la estabilidad presupuestaria, la evaluación del gasto público y la utilización de fondos europeos para financiar proyectos y movilizar inversión privada.
España añadió que la Junta defenderá una reforma del sistema de financiación autonómica que, según la posición del Gobierno andaluz, garantice recursos suficientes y un trato igual entre ciudadanos. La consejera vinculó esta agenda económica a la intención del Ejecutivo de aprobar los cuatro presupuestos correspondientes a la nueva legislatura.
