La Junta inicia la elaboración de la primera Estrategia Andaluza de la Tauromaquia hasta 2030
La Estrategia Andaluza de la Tauromaquia se organizará en seis ejes e incluirá medidas sobre patrimonio, formación, actividad económica, normativa, seguridad y digitalización

El Consejo de Gobierno ha aprobado la formulación de la primera Estrategia Andaluza de la Tauromaquia, con la que la Junta pretende coordinar hasta 2030 sus actuaciones relacionadas con esta actividad. El futuro documento abarcará desde la protección de plazas de toros con valor patrimonial hasta la formación de profesionales, la seguridad de los espectáculos y la modernización de la normativa.
El acuerdo supone el inicio de la elaboración de la estrategia, que establecerá un marco común para las políticas autonómicas vinculadas a la tauromaquia. En su redacción participarán distintas áreas de la Administración andaluza, entre ellas las competentes en turismo, administración local, agricultura, educación, juventud, cultura, patrimonio histórico, sostenibilidad, medio ambiente, inteligencia artificial y desarrollo digital.
La planificación se articulará en seis ejes. El primero estará dedicado al reconocimiento y la protección cultural, con especial atención a la recuperación de plazas de toros de valor patrimonial. Los otros cinco abordarán la formación y profesionalización; el desarrollo económico y empresarial; la actualización normativa y la seguridad; la participación y el diálogo social; y la comunicación, la innovación y la transformación digital.
A partir de estos ámbitos, la Junta prevé diseñar una programación plurianual con objetivos medibles e indicadores para evaluar sus efectos culturales, económicos y sociales. La financiación se concretará posteriormente mediante los correspondientes instrumentos presupuestarios.
La conservación de los recintos taurinos ocupará una parte específica del documento. La estrategia dará prioridad a las plazas permanentes que cuenten con algún tipo de protección patrimonial o se encuentren en riesgo de deterioro, y plantea la posibilidad de habilitar programas de inversión desarrollados durante varios ejercicios.
El plan también contempla mecanismos de coordinación entre administraciones, convenios interadministrativos y fórmulas de colaboración público-privada. Estas herramientas podrán aplicarse a las actuaciones que se definan durante la elaboración del documento y a los programas derivados de su posterior desarrollo.
Entre los objetivos fijados figura reforzar el reconocimiento de la tauromaquia como parte del patrimonio cultural andaluz, así como favorecer la sostenibilidad económica y profesional de la actividad. La estrategia incorporará igualmente medidas destinadas a la formación y al relevo generacional, dos cuestiones que la Junta incluye entre las líneas específicas de la planificación.
La igualdad, la innovación y la participación social también formarán parte de los objetivos, junto con la seguridad y la calidad de los espectáculos taurinos y los festejos populares. En materia de regulación, el documento deberá ordenar las posibles actuaciones para adaptar la normativa y los procedimientos asociados a este tipo de celebraciones.
El ámbito de la estrategia no se limitará a los espectáculos. La propuesta incluye actividades vinculadas a la ganadería de reses bravas, la conservación de la dehesa, la artesanía, el turismo, la gastronomía y la creación artística. También incorpora la transmisión de conocimientos y tradiciones entre generaciones como uno de los aspectos relacionados con la dimensión cultural de la tauromaquia.
La Junta fundamenta la iniciativa en la presencia en Andalucía de plazas de toros, ganaderías de lidia, escuelas taurinas, profesionales y aficionados. A partir de esa estructura, el Gobierno andaluz plantea ordenar en un único documento las actuaciones que hasta ahora corresponden a diferentes departamentos autonómicos.
La elaboración de indicadores permitirá realizar un seguimiento de las medidas que finalmente se incorporen a la estrategia. Estos instrumentos estarán orientados a medir su alcance en los ámbitos cultural, económico y social durante el periodo de vigencia previsto, que se extenderá hasta 2030.


