El Consejo de Gobierno validó en su reunión de 23 de mayo la propuesta del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para el abono de 20,87 millones de euros al Grupo José Manuel Pascual Pascual SA por la prestación del servicio en sus centros sanitarios de la provincia de Cádiz durante 68 días, entre el 1 de abril y 7 de junio de 2022, a cuenta de un contrato verbal que declaró nulo.
«Solicitud de dictamen en el procedimiento para la revisión de oficio del contrato verbal adjudicado a la empresa José Manuel Pascual Pascual SA», dice el título del informe que la Junta de Andalucía demandó al Consejo Consultivo.
El contrato que el Gobierno andaluz declaró nulo tiene que ver con la prestación del servicio en los hospitales del grupo Pascual Santa María del Puerto de El Puerto de Santa María; Virgen del Camino de Sanlúcar de Barrameda y Virgen de las Montañas de Villamartín, todos de la provincia de Cádiz.
El 28 de octubre de 2022 el gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Diego Vargas, inició un procedimiento de revisión de oficio para la declaración de nulidad de «la contratación, sin formalización alguna, con la empresa José Manuel Pascual Pascual SA para la prestación de asistencia sanitaria» en esos tres centros sanitarios citados, «durante el período comprendido entre los días 1 de abril al 7 de junio de 2022, ambos incluidos, por importe de veinte millones ochocientos setenta y seis mil ciento ochenta y un euros, con cuarenta céntimos de euros (20.876.181,40 euros)».
El 9 de marzo de este año el gerente del SAS acuerda declarar esa nulidad y abonar al grupo esos 20,87 millones, según el expediente consultado por Europa Press.
La exposición de motivos de ese Acuerdo del Consejo de Gobierno explica la intrahistoria de esta iniciativa. El SAS suscribió en junio de 2017 un contrato para la disponibilidad asistencial de esos tres hospitales homologados del grupo José Manuel Pascual en la provincia de Cádiz, cuyo plazo de ejecución era de cuatro años desde su formalización y expiró el 7 de junio de 2021.
«Esta Agencia reconoce mediante certificados emitidos por la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud, de fecha 20 de mayo del 2022, para el mes de abril de 2022, 17 de junio de 2022, para el mes de mayo de 2022 y del 4 de julio de 2022, para el periodo comprendido entre el 1 y el 7 de junio de 2022, aún sin existir contrato alguno, ha continuado la prestación de asistencia a usuarios del SAS, por los Hospitales de El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Villamartín, al no haberse podido interrumpir la asistencia prestada», argumenta el informe del gerente del SAS.
Y la atención de pacientes sin un contrato lleva al SAS a indicar que «se entiende que se ha de abonar la asistencia prestada al objeto de que el contratista pueda asumir sus obligaciones laborales, fiscales y de cualquier otra naturaleza».
El SAS concluye, sobre la base de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que en ese caso «se trata de un
acto nulo de pleno derecho» y que entonces procede a «la revisión de oficio para la declaración de nulidad… de la contratación realizada entre el Servicio Andaluz de Salud y la empresa José Manuel Pascual Pascual SA, de prestación de asistencia sanitaria especializada, de carácter programado y urgente a los usuarios de la citada Agencia, en los Hospitales propiedad de la Empresa en las localidades de El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Villamartín, durante el período
comprendido entre el 1 de abril a 7 de junio de 2022″.
Tras indicar que la Junta de Andalucía habría de pagarles 22,12 millones de euros al grupo José Manuel Pascual, así como que «el importe de la contratación supera los 8.000.000,00 euros», concluye que en ese caso «se hace necesaria la autorización del Consejo de Gobierno».
Esa propuesta de resolución del contrato y su posterior pago por el servicio recibido ha contado con el aval de la Asesoría Jurídica del SAS y del Consejo Consultivo de Andalucía, aunque este órgano se declaró a favor de que a este grupo sanitario se le hubiese pagado un 6% en concepto del beneficio industrial, como reclamaba Clínicas Pascual en las facturas remitidas al Gobierno andaluz. En ese caso la cantidad adeudada habría ascendido a 22,12 millones.
Entre «las razones» para pagar ese benificio industrial, a juicio del Consejo Consultivo, eran «en primer lugar, porque se trata de servicios enmarcados dentro de la contratación realizada originariamente. En segundo lugar, porque existe un evidente interés público en el mantenimiento del servicio al tratarse de un servicio público esencial básico mediante el cual se garantiza la prestación asistencial a los núcleos de población afectados que de otro modo no tendrían cobertura médica», a lo que sumó que «fueron acordados ante la ausencia en ese momento de una nueva licitación por la Administración contratante a quien ya era contratista, por lo que resulta irrazonable pensar que la contratista se debía haber negado a realizar la prestación encargada».
UN PAGO DE 121 MILLONES PARA DESISTIR DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
Este pago se suma al acuerdo que validó el Pleno del Parlamento de Andalucía el 12 de diciembre de 2022, un decreto de autorización al SAS para firmar un acuerdo transaccional con el grupo José Manuel Pascual Pascual SA, para el pago de 121 millones a la empresa para que desistiera de los procedimientos judiciales abiertos contra el Gobierno andaluz por la resolución de contratos anteriores.
El Gobierno andaluz prevé liquidar esos 121 millones en cinco pagos anuales de 24,21 millones, cuya primera anualidad fue antes del 31 de marzo de este año, y las siguientes anualidades se abonarán antes de 31 de diciembre de 2023, 2024, 2025 y 2026. Ese acuerdo lo refrendaron PP y Vox y lo rechazaron PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía.
La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, sostuvo en su defensa de la iniciativa ante el Parlamento que ese acuerdo extrajudicial ahorraba un 55% a las arcas públicas autonómicas por cuanto la reclamación judicial de la empresa era de 242 millones más intereses, que cifró en 39 millones de euros.
La consejera reconoció que se trataba de «un gasto extraordinario del SAS» pero que traerá un ahorro en previsión de evitar la acumulación de fallos judiciales favorables al Grupo José Manuel Pascual Pascal.
García argumentó entonces sobre el contencioso de la Junta de Andalucía con Clínicas Pascual que el SAS utilizó entre 2014 y 2017 tres hospitales en Cádiz «sin firmar un papel» y que supuso destinar 407 millones a las Clínicas Pascual, que exigió 240 millones sin intereses.
El contencioso entre la Junta de Andalucía y el Grupo Pascual Pascual tenía que ver con la concertación de la Clínica Santa María del Puerto (El Puerto de Santa María, Cádiz); Virgen de las Montañas (Villamartín, Cádiz); Virgen del Camino (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz); San Rafael (Cádiz); Blanca Paloma (Huelva); y Facultativo Doctor Pascual (Málaga).