La Junta pide flexibilidades en la PAC por las borrascas en Andalucía y reclama activar la reserva agrícola europea

El Gobierno andaluz solicita al Ministerio de Agricultura nuevas flexibilidades en la PAC por las borrascas en Andalucía y la activación de la reserva agrícola de crisis de la UE tras los daños provocados por las lluvias intensas desde noviembre.

La Junta de Andalucía ha solicitado al Gobierno de España la adopción de medidas excepcionales y nuevas flexibilidades en la Política Agraria Común (PAC) por las borrascas en Andalucía que han afectado al campo durante los últimos meses. Además, ha pedido que se inicien los trámites para activar la reserva agrícola de crisis de la Unión Europea con el fin de conceder ayudas de emergencia al sector.

La petición se ha formalizado tras una mesa de interlocución agraria celebrada este 12 de febrero, en la que el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, trasladó la situación a las organizaciones agrarias y a la federación andaluza de cooperativas agroalimentarias.

Según los datos aportados por la Consejería, la precipitación acumulada entre noviembre de 2025 y enero de 2026 ha sido un 83% superior a la media histórica. El número de días de lluvia ha superado en un 43% los valores habituales. Este escenario, marcado por un tren continuado de borrascas y frentes atlánticos, ha provocado inundaciones de parcelas, encharcamientos prolongados, dificultades de acceso a las fincas y pérdidas de cosechas.

Los daños afectan a explotaciones agrícolas, ganaderas y pesqueras y a cultivos como cereales, leguminosas, hortícolas, viñedo, cítricos y olivar, además de infraestructuras agrarias.

En el ámbito de sus competencias, la Junta ya ha aprobado una resolución para introducir flexibilidades en la campaña 2026. Entre ellas, se reduce del 50% al 25% el porcentaje mínimo de superficie que debe presentar un cultivo diferente al anterior en la práctica de rotación con especies mejorantes, dentro del ecorregimen de agricultura de carbono y agroecología. La medida responde a las dificultades para realizar siembras y labores agrícolas durante los meses de noviembre, diciembre y enero.

Paralelamente, el Ejecutivo andaluz ha remitido un escrito a la Secretaría General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria solicitando flexibilidades adicionales en los requisitos de las ayudas directas de la PAC. La petición incluye ajustes en la rotación de cultivos, la siembra directa, las cubiertas vegetales —espontáneas o sembradas— y las cubiertas inertes, así como en la ayuda asociada a la producción sostenible de proteínas de origen vegetal.

El objetivo es que agricultores y ganaderos puedan acceder a las ayudas pese a no haber podido cumplir determinados requisitos debido a las condiciones meteorológicas.

Además, en una carta dirigida al ministro de Agricultura, Luis Planas, el consejero ha solicitado que el Gobierno central promueva ante la Comisión Europea una medida excepcional con cargo a la reserva agrícola de la UE, prevista en el artículo 221 del Reglamento (UE) 1308/2013. Esta herramienta permite conceder apoyo financiero de emergencia en situaciones de crisis del mercado o perturbaciones graves, y ya fue aplicada en marzo de 2025.

La Junta argumenta que la magnitud de los daños y el carácter persistente de las lluvias justifican la activación de este mecanismo extraordinario para respaldar al sector agrario andaluz.

El campo andaluz constituye uno de los principales motores económicos de la comunidad. Según los datos facilitados por la Consejería, Andalucía es la región europea con mayor producción agroalimentaria, con un volumen superior a 17.000 millones de euros.

Las organizaciones agrarias han participado en la reunión para evaluar el impacto de las borrascas y trasladar las principales incidencias detectadas en las distintas provincias. El Gobierno andaluz ha señalado que mantendrá el seguimiento de la situación en coordinación con el sector y con el Ministerio.

La decisión final sobre la aplicación de nuevas flexibilidades en la PAC y la eventual activación de la reserva agrícola europea corresponde al Ejecutivo central y, en su caso, a la Comisión Europea.