La Junta pide modificar la regulación de centros de datos en Andalucía para proteger inversiones en marcha

El Gobierno andaluz reclama que la futura regulación de centros de datos en Andalucía atienda a las condiciones climáticas y al grado de avance de una veintena de proyectos valorados en unos 10.000 millones

La Junta ha solicitado cambios en el proyecto estatal que regulará los centros de procesamiento de datos para adaptar sus requisitos a las características de cada territorio y establecer un régimen transitorio para las inversiones que ya están en marcha. La petición afecta a una veintena de proyectos vinculados a la regulación de centros de datos en Andalucía, cuyo volumen conjunto ronda los 10.000 millones de euros, según los datos ofrecidos por el Gobierno autonómico.

El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, expuso esta posición en el Polo Nacional de Contenidos Digitales de Málaga. Según explicó, el Gobierno de España se ha abierto a estudiar modificaciones del proyecto de real decreto después de recibir las alegaciones presentadas por Andalucía durante su tramitación.

La Administración autonómica comparte el objetivo de reducir el consumo de energía y agua de estas instalaciones, pero sostiene que los requisitos deben considerar las diferencias climáticas entre comunidades. También pide que las nuevas obligaciones no se adelanten a las que prepara la Unión Europea mediante un sistema común de clasificación y etiquetado de centros de datos.

Entre las principales reclamaciones figura la ampliación de los periodos transitorios previstos para los proyectos que ya han solicitado u obtenido permisos de acceso y conexión a la red eléctrica. La Junta argumenta que los plazos planteados no reflejan el grado de desarrollo de cada iniciativa ni las inversiones realizadas, los contratos comprometidos, la financiación cerrada o las decisiones técnicas adoptadas.

Su propuesta consiste en aplicar un régimen transitorio en función del avance real de cada proyecto y permitir una adaptación progresiva a las nuevas exigencias. La Junta también reclama salvaguardas específicas para los centros de datos promovidos por administraciones públicas, al considerar que prestan apoyo a servicios esenciales y a la capacidad de almacenamiento y procesamiento del sector público.

Nieto advirtió de que unas condiciones más restrictivas que las vigentes en otros países podrían provocar el traslado de inversiones fuera de España. El consejero vinculó esa posibilidad con una mayor dependencia tecnológica y con una menor capacidad para desarrollar soluciones propias de inteligencia artificial, ciberseguridad, salud, investigación y servicios públicos digitales.

Los centros de procesamiento de datos alojan los equipos necesarios para almacenar y tratar grandes volúmenes de información, además de proporcionar capacidad de computación a servicios en la nube y sistemas de inteligencia artificial. El Gobierno andaluz considera estas instalaciones una pieza de su estrategia de soberanía digital, entendida como la posibilidad de disponer de infraestructura propia para gestionar datos y prestar servicios tecnológicos.

La veintena de proyectos contabilizados por la Junta podría generar empleo cualificado y actividad para empresas de los sectores tecnológico, energético y de la construcción, aunque estas previsiones dependen de la ejecución de las iniciativas. Parte de las inversiones se concentra en Málaga, donde la Administración autonómica sitúa uno de los principales núcleos digitales de la comunidad por la presencia de empresas, profesionales, conexiones internacionales y espacios especializados.

El proyecto de mayor volumen citado por la Junta es el promovido por Saltburn Holding en la ampliación de Málaga TechPark. La actuación, declarada inversión empresarial de interés estratégico para Andalucía, contempla 1.257 millones de euros, una potencia informática de 100 megavatios y 254 empleos directos durante su explotación, además de los puestos asociados a la fase de construcción.

La capacidad aportada por estas instalaciones permitiría atender proyectos relacionados con inteligencia artificial, servicios en la nube, ciberseguridad, videojuegos, producción audiovisual y contenidos digitales. Nieto señaló que el desarrollo de este sector requiere combinar centros de datos con formación especializada, creación de empresas, conexiones terrestres y submarinas y disponibilidad de energía renovable.

Andalucía cerró 2025 con 17.360 megavatios de potencia renovable instalada, un 20% más que al comienzo de ese ejercicio, de acuerdo con las cifras facilitadas por la Junta. La comunidad aportó además el 24% de toda la nueva potencia renovable incorporada en España entre 2023 y 2025. El Ejecutivo autonómico pretende que esa capacidad energética favorezca la implantación de infraestructuras digitales, junto con la posición de Andalucía entre Europa y África y entre el Atlántico y el Mediterráneo.

La Junta plantea que la futura normativa incentive los centros con elevados niveles de autoconsumo, utilización de fuentes renovables, eficiencia tecnológica y reutilización de agua. También solicita que la tramitación permita una participación más amplia de las comunidades autónomas, las compañías tecnológicas y el sector energético.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, respaldó la petición de adaptar las exigencias a las condiciones de cada territorio y garantizar seguridad jurídica a las inversiones comprometidas. De la Torre defendió que los objetivos de sostenibilidad sean compatibles con la construcción de infraestructuras digitales y vinculó estos proyectos con el desarrollo del sector tecnológico de la ciudad.