La Junta plantea diez medidas para atraer y retener talento en Andalucía hasta 2030

Las medidas para atraer y retener talento en Andalucía incluyen objetivos de inserción laboral, contratación de investigadores, nueva programación académica y cambios en la financiación universitaria.

La Junta de Andalucía ha presentado a los rectores de las universidades públicas una decena de medidas para atraer y retener talento en Andalucía hasta 2030. La propuesta incluye metas sobre empleo de los graduados, personal dedicado a investigación, contratación de científicos, planificación de titulaciones y financiación del sistema universitario.

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, expuso estas líneas el 21 de octubre durante una reunión con los responsables de las instituciones académicas. El encuentro forma parte de la ronda de contactos de la Consejería para definir su hoja de ruta de la legislatura, articulada en cinco objetivos, indicadores de seguimiento y 40 líneas de actuación.

Entre las metas planteadas figura reducir a la mitad la diferencia entre la base media de cotización de los egresados andaluces y la media nacional, situada actualmente en 2.134 euros anuales. La Administración autonómica también pretende elevar en cuatro puntos la inserción laboral durante el primer año posterior a la finalización de los estudios.

Otro de los objetivos consiste en aumentar dos puntos la proporción de titulados con empleo que trabajan en Andalucía, hasta superar el 76%. Dentro de las actuaciones vinculadas al mercado laboral, la Consejería plantea reforzar las alianzas entre universidades y empresas para extender la Formación Universitaria Dual.

Paradela pidió además comenzar de manera inmediata los trabajos para diseñar la programación académica correspondiente al periodo 2029-2032. La planificación vigente, que ha supuesto la actualización de 210 titulaciones, concluirá en el curso 2028-2029.

En el ámbito investigador, la Junta se marca como objetivo pasar de 9,57 a 13 personas en equivalencia a jornada completa dedicadas a actividades de I+D por cada 1.000 ocupados. La proporción de partida se encontraba seis décimas por debajo del dato nacional registrado en 2024, según las cifras trasladadas durante la reunión.

Para alcanzar esa meta, la Consejería prevé establecer un calendario estable de formación, atracción y consolidación de personal investigador. Las medidas contemplan reforzar la captación y retención de científicos nacionales e internacionales mediante contratos posdoctorales y el programa Emergia, además de promover proyectos que concurran a convocatorias competitivas de financiación de I+D.

La financiación de las universidades públicas constituye otro de los ejes de la propuesta. Paradela defendió ante los rectores una revisión del modelo que vincule parte de los recursos a resultados, objetivos e indicadores de seguimiento, bajo criterios de eficiencia y sostenibilidad del sistema.

La Consejería plantea avanzar en nuevos contratos programa con las universidades. Entre los indicadores considerados aparecen la posición de las instituciones académicas andaluzas en clasificaciones universitarias y científicas, el incremento de la tasa de rendimiento académico y una mayor presencia de mujeres en las titulaciones de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocidas como STEM.

La Dirección General de Financiación, Infraestructuras y Recursos Universitarios y el grupo de trabajo técnico encargado de evaluar los gastos de personal serán los instrumentos utilizados para abordar los cambios. El departamento autonómico sostiene que este análisis permitirá reducir las tensiones financieras y mejorar el funcionamiento del sistema público.

Paradela avanzó asimismo que el proyecto de presupuestos de la Junta para 2027 recogerá un incremento de la partida destinada a la financiación universitaria. Según explicó, esa subida deberá responder a las necesidades de las universidades públicas y a los objetivos que se establezcan para el sistema.

La hoja de ruta presentada conecta las políticas universitarias y científicas con las competencias autonómicas en innovación, emprendimiento, industria, energía y minas. El consejero situó la transferencia de conocimiento mediante patentes, empresas surgidas de la universidad, prototipos y contratos entre grupos de investigación y compañías como uno de los instrumentos previstos para trasladar la actividad científica al tejido productivo.