La Junta plantea un conflicto de competencia por el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030

El Gobierno andaluz inicia el trámite previo ante el Consejo de Ministros al considerar que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 invade competencias autonómicas y altera el sistema de financiación, lo que obligaría a Andalucía a aumentar su aportación en 400 millones de euros respecto al plan anterior.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado formular un requerimiento previo al Consejo de Ministros como paso anterior a la interposición de un conflicto de competencia contra el Real Decreto 326/2026, que regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. El Ejecutivo autonómico entiende que varios aspectos de la norma estatal no respetan el reparto competencial recogido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía.

La decisión, adoptada en la reunión celebrada este 23 de junio, se dirige contra una norma reglamentaria, por lo que la Junta ha optado por el mecanismo del conflicto de competencia por invasión competencial. El acuerdo cuenta con dictamen de los servicios jurídicos de la comunidad.

El Gobierno andaluz cuestiona, en primer lugar, el nuevo sistema de financiación previsto en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Según expone, el reparto fija una aportación del 60% por parte del Estado y del 40% por parte de las comunidades autónomas, una distribución que —según sostiene— se ha establecido sin negociación previa y sin una motivación suficiente que la justifique.

En el caso de Andalucía, la aplicación de este modelo implicaría aportar 400 millones de euros más que en el plan anterior, lo que supone multiplicar por 6,47 su contribución previa, mientras que la aportación estatal no llegaría a triplicarse. La Junta considera que este diseño vulnera el principio de autonomía financiera al condicionar la capacidad de la comunidad para decidir el destino de sus propios recursos.

El requerimiento solicita la derogación o modificación de varios preceptos del real decreto, entre ellos los artículos 4.2 g), 6.5 y 153, así como la disposición adicional octava y otros artículos concordantes. Además, pone el foco en la regulación detallada de los 18 programas financieros incluidos en el plan.

A juicio del Ejecutivo andaluz, el grado de detalle con el que se describen las actuaciones subvencionables y el reparto de cuotas entre líneas de financiación limita la capacidad de la comunidad autónoma para adaptar las ayudas a las necesidades específicas de su territorio. En ese sentido, sostiene que la norma estatal reduce el margen de decisión autonómico y convierte a las comunidades en gestoras de subvenciones definidas centralmente.

Otro de los puntos cuestionados es el establecimiento de un régimen de protección permanente para determinadas viviendas financiadas con cargo al plan. La Junta entiende que esta previsión impide a las comunidades modular ese régimen, ya sea para flexibilizarlo o endurecerlo, en función de sus propias políticas públicas en materia de vivienda.

El acuerdo también se refiere al artículo 153 del real decreto, que regula la publicidad y difusión de las actuaciones financiadas. Según el texto aprobado por el Consejo de Gobierno, este precepto supedita la presentación de actuaciones a autorización estatal o a la presencia del ministro competente. La Junta considera que esta exigencia puede condicionar la gestión autonómica y afectar a sus competencias exclusivas en vivienda.

El conflicto de competencia es un procedimiento previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que permite a una comunidad autónoma impugnar disposiciones o actos del Estado que considere invasivos de su ámbito competencial. El requerimiento aprobado ahora constituye un paso previo obligatorio antes de acudir al alto tribunal.

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 establece el marco general de ayudas públicas en materia de vivienda para los próximos cinco años, incluyendo programas de construcción, rehabilitación y apoyo al alquiler. Su aplicación en Andalucía afecta a la gestión de fondos destinados a políticas de vivienda en el conjunto de la comunidad, incluida la provincia de Cádiz, donde estas ayudas se canalizan a través de convocatorias autonómicas.

A la espera de la respuesta del Gobierno central al requerimiento, la controversia abre un nuevo frente institucional en torno al desarrollo del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y a su encaje en el sistema de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.