El director general de Oficina Judicial y Fiscal se reúne con el secretario de la Sala de Gobierno del TSJA para exponerle las actuaciones de la Consejería por el Covid-19
La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local se ha reunido este lunes con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para presentarle el Plan Especial de Reactivación de la Administración de Justicia, que comenzará el próximo 1 de septiembre y que supondrá una inversión de 7,2 millones de euros. «Se trata del plan más ambicioso llevado a cabo por la Junta de Andalucía desde que tiene las competencias de Justicia y por eso hemos solicitado al TSJA su colaboración para lograr la máxima eficacia«, ha señalado el director general de Oficina Judicial y Fiscal, Carlos Rodríguez Sierra.
El responsable del personal funcionario de la Administración de Justicia en Andalucía ha querido trasladar en primera persona «todos los detalles» de este plan al TSJA tanto para conocer «su opinión al respecto como para pedirle máxima colaboración a los secretarios coordinadores de las provincias y los letrados de la Administración de Justicia para que su puesta en marcha sea lo más eficaz y eficiente posible». Para ello ha mantenido un encuentro con el secretario de la Sala de Gobierno en funciones del Alto Tribunal andaluz, Daniel de la Rubia, en el que también ha participado el delegado territorial de Justicia en Granada, Gustavo Rodríguez.
«Queríamos trasladar de primera mano y explicar este Plan Especial al TSJA para que sepan que en los próximos cuatro meses van a contar con un refuerzo de personal sin precedentes y pedirles su colaboración», ha señalado Rodríguez Sierra al término de la reunión, quien ha explicado que a partir de aquí iniciará una ruta por todas las provincias andaluzas para explicar las medidas a cada uno de los secretarios coordinadores.
El Plan Especial de Reactivación de la Administración de Justicia arrancará el próximo 1 de septiembre con el objetivo de paliar las deficiencias como consecuencia de la paralización e incremento de asuntos que ha supuesto la crisis sanitaria por el Covid-19. La duración del mismo será de cuatro meses, hasta el 31 de diciembre de 2020 y tendrá un coste total de 7.207.669,52 euros, que se aborda con los créditos disponibles en el Fondo de Emergencia Sanitaria, Social y Económico para hacer frente al Covid-19 en Andalucía, así como con crédito de autofinanciada de la Junta de Andalucía.
Según ha explicado Rodríguez Sierra, «viene a complementar el plan del Ministerio de Justicia, que sólo contempla las jurisdicciones Social y Mercantil», de tal forma que se estructura en cuatro estrategias: actuaciones para Social y Mercantil, medidas de autorrefuerzo para los juzgados Penal, Familia y Primera Instancia, medidas de refuerzo en Juzgados Mixtos y medidas de refuerzo de la plantilla de Auxilio Judicial.
La participación en esta medida es voluntaria para el personal que acuda presencialmente a su puesto de trabajo y afectará a 907 funcionarios, aunque en el caso de que hubiera más participantes seleccionados de los máximos establecidos participarán por turnos rotatorios. Este equipo de personas realizará los servicios extraordinarios durante tres horas al día y tres días a la semana.
Sobre la plantilla de Auxilio Judicial, la dinámica del servicio público de Justicia ha puesto de manifiesto la necesidad de fijar un mecanismo para paliar las graves dificultades en las que se encuentran determinados órganos judiciales cuando se producen ausencias de corta duración del personal. Una situación que es especialmente complicada en aquellos órganos judiciales que sólo cuentan con un auxilio judicial y, sobre todo, en los periodos de vacaciones.
Por ello, se ha elaborado un Plan Especial de Refuerzo de la Plantilla de Auxilio Judicial, consistente en la contratación de 40 personas interinas durante cuatro meses con posibilidad de prórroga a otros dos meses más. Los partidos judiciales con más de cuatro órganos judiciales tendrán un auxilio judicial; las capitales de provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, dos auxilios judiciales, y las capitales de provincia de Málaga y Sevilla, tres auxilios judiciales. El coste total que supone esta medida es 328.770 euros.
Por otro lado, las medidas estructurales supondrán la puesta en funcionamiento de nuevos órganos judiciales, lo que contribuirá a absorber y minimizar el impacto de procedimientos. Serán los Juzgados de lo Social número 5 de Córdoba y 4 de Huelva, y los Juzgados de lo Mercantil número 2 de Cádiz y 2 de Granada. La previsión de puesta en marcha de estos cuatro nuevos juzgados está fijada para el 1 de octubre e implica un coste de 2.090.591 euros.