El consejero andaluz de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha defendido este miércoles ante el Pleno del Parlamento andaluz la creación de una mesa interadministrativa en la que Gobierno central, Junta, Diputación de Cádiz y ayuntamientos pongan en marcha un Plan Integral para el Campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz, para luchar contra el narcotráfico es «un problema global que hay que abordar desde todos los puntos de vista, como el empleo, social, económico o inversiones, para poder superarlo».
Durante su comparecencia ante el Pleno del Parlamento, Sanz ha recalcado que la administración andaluza «está dispuesta a sentarse con todos y con una voluntad real de llegar a acuerdos con compromisos presupuestarios».
Además, ha reclamado también «que el Gobierno atienda la petición unánime del Parlamento andaluz, incluido el PSOE, y declare la Zona de Especial Singularidad», así como la reunión inmediata de la Junta de Seguridad.
Antonio Sanz ha defendido «que los dos grandes partidos, y todo aquel que se quiera sumar, nos sentemos y acometamos las reformas legislativas que sean necesarias para endurecer las penas por agresión a agentes, delitos de narcotráfico, incluyendo también a esos colaboradores que ayudan con sus embarcaciones para aprovisionar víveres y combustible para los narcos».
El consejero de la Presidencia ha propuesto acciones muy concretas en todos los ámbitos, pero especialmente en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, como la ampliación de los catálogos de puestos de trabajo, cuyas necesidades han cambiado mucho de las establecidas hace más de 20 años. De esta manera, según ha apuntado, se reforzarían el personal operativo y los servicios de investigación con una nueva distribución de las unidades que tendrían incentivos profesionales, sociales, así como complementos por pertenencia en la zona.
Además, ha considerado que la declaración de Zona de Especial Singularidad también traería el incremento de más y mejores medios para los agentes, como vehículos antiembestidas, medios de autoprotección o mayor número de embarcaciones.
Por otro lado, Antonio Sanz ha defendido que «sería muy positivo que la Audiencia Nacional asumiera los mayores delitos de narcotráfico», lo que beneficiaría sobre todo a la clase judicial de la zona, al mismo tiempo que se establezca una base marítima para la Guardia Civil y SVA en Barbate, lo que ayudaría considerablemente en las tareas de vigilancia gracias a la presencia de más agentes.
El consejero ha defendido que Cádiz y su provincia no son un destino más cuando se habla de seguridad y narcotráfico y, por ello, ha reclamado «acabar con los parches y ejecutar medidas excepcionales». «El mejor homenaje que podríamos hacerle a David y a Miguel Ángel es tomar esas medidas que tanto tiempo llevan esperando nuestros agentes para que sus muertes no hayan sido en vano», ha sentenciado.
PP-A CRITICA LAS «BARBARIDADES» DEL PSOE-A
Tras esta intervención, el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, ha comenzado pidiendo «perdón a las asociaciones profesionales de la Guardia Civil y la Policía Nacional» por «las barbaridades que ha vertido» la diputada socialista, a quien ha preguntado «quién le ha escrito la intervención», si el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegui, o el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont.
El portavoz ‘popular’ ha sostenido que «esta tragedia de Barbate se podría haber evitado», y en esa línea ha responsabilizado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de haber enviado a los guardias civiles «a la guerra (contra el narcotráfico) en una cáscara de nuez», así como ha denunciado cuestiones como que «una de cada tres embarcaciones de la Guardia Civil tiene en torno a 20 años» de antigüedad, y de lamentar que «se ha perdido el principio de autoridad» en la zona del Campo de Gibraltar.
Por su parte, la parlamentaria del PSOE-A Rocío Arrabal ha comenzado trasladando sus «condolencias» por las muertes de los dos referidos guardias civiles y deseando «que todo el peso de la ley recaiga sobre los asesinos», pero tras ello ha acusado al consejero de la Presidencia de protagonizar «una indecencia monumental» con este debate que «dice mucho de su manera de hacer política desde la mentira y la desvergüenza».
La diputada ha remarcado que Sanz fue delegado del Gobierno en la etapa de Mariano Rajoy, y «se tendría que ahorrar esta vergüenza de intentar sacar rédito político de estas muertes, de esta manera irresponsable y frívola», según ha sentenciado Rocío Arrabal, que ha acusado además al consejero de estar dispuesto a «pisotear los uniformes que dice defender para hacer política barata».
El diputado de Vox Benito Morillo, quien ha recordado su condición de guardia civil , ha reprochado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que esta mañana haya descrito a los autores del asesinato en Barbate (Cádiz) como «una banda de niñatos en narcolancha» y ha descrito «la operación premeditada de debilitamiento del Estado estos años del socialismo» para calificar también a los parlamentarios del PP como «cómplices necesarios» de esa estrategia de merma de atribuciones de la justicia y las fuerzas de seguridad.
El portavoz adjunto de Por Andalucía, José Antonio Delgado, ha considerado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tiene que «dimitir», porque dos vidas son «suficientes para que asuma responsabilidades». Ha reclamado más medios personales y materiales para afrontar la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Cádiz.
El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha reclamado la dimisión del ministro del Interior y ha puesto el acento en que los municipios más afectados por el problema de narcotráfico tienen una alta tasa de desempleo.