Loles López destaca que la aportación de la Consejería de Inclusión Social duplica a la del Estado y recuerda que estos servicios cuentan con un millón de usuarios en la comunidad
La Junta de Andalucía ha reclamado al Gobierno de España que iguale los fondos que destina a financiar los Servicios Sociales Comunitarios de la comunidad, coincidiendo con la reciente publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la Orden complementaria por la que se distribuyen 19,9 millones de euros entre las entidades locales andaluzas para la financiación de estos servicios, una cuantía que corresponde al ejercicio de 2022.
Así lo ha señalado la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, quien ha destacado que la Junta ya destinó el pasado mes de febrero 41,7 millones de euros a los Servicios Sociales Comunitarios de Andalucía. «La aportación de la consejería duplica a la del Gobierno de España», ha enfatizado, antes de recordar que estos servicios «cuentan con un millón de personas usuarias, lo que refleja su importancia».
En este sentido, la consejera ha incidido en que el Gobierno central «tiene que igualar» la partida que destina la Junta de Andalucía a financiar estos servicios. «Como centros de proximidad a la ciudadanía, son la puerta de entrada a servicios y prestaciones tan importantes como la atención a las situaciones de dependencia o a la Renta Mínima de Inserción Social», ha remarcado, antes de detallar que en los Servicios Sociales Comunitarios se llevan a cabo las primeras atenciones y prestaciones a la población, «facilitando información, orientación, valoración y asesoramiento tanto para el acceso a servicios sociales como a recursos de otros sistemas de protección social».
A juicio de la Administración andaluza, éste es un ejemplo más de la infrafinanciación sistemática que sufren los andaluces, tal y como acaba de confirmar el informe de la Fundación de Estudios sobre Economía. Este documento, elaborado por expertos independientes, concluye que las diferencias de Andalucía respecto a otras comunidades se han agrandado durante la pandemia de Covid-19, porque en el reparto de fondos extraordinarios primó el PIB regional al criterio poblacional.
«Los andaluces no se merecen el castigo que está sufriendo del Gobierno central, y menos cuando se trata de la financiación de unos Servicios Sociales Comunitarios que prestan una labor esencial y que cuentan con un millón de personas usuarias», ha asegurado Loles López, tras hacer hincapié en que la aportación de la Junta duplica los fondos que destina el Gobierno de España.
40.000 profesionales
Los créditos presupuestarios destinados a la financiación de los Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía son transferidos por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad a las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de municipios de Andalucía con población superior a veinte mil habitantes. Para este ejercicio de 2022, la Junta de Andalucía adelantó de nuevo su aportación a la de la Administración General del Estado y, por primera vez desde hace décadas, publica la distribución de estos créditos en el primer trimestre del ejercicio.
Andalucía cuenta con la red de centros de Servicios Sociales Comunitarios más extensa del país con 250 recursos distribuidos por toda su geografía, en la que trabajan más de 40.000 profesionales, la mayoría mujeres. «Es de reconocer el gran trabajo que realizan las y los profesionales que están al frente de estos servicios, una labor fundamental por su contribución a la cohesión social de Andalucía», ha resaltado la consejera Loles López.
La Orden complementaria publicada en el BOJA también recoge una asignación de 4,6 millones de euros para el refuerzo de equipos de atención a la infancia en los Servicios Sociales de Atención Primaria, ubicados en los Servicios Sociales Comunitarios, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de protección integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Esta medida reforzará la prevención y detección precoz de cualquier tipo de riesgo de violencia hacia la infancia, promoviendo la competencia en sus funciones de crianza por parte de las familias.