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La Junta trabaja en una nueva licitación de la Ciudad de la Justicia de Cádiz

Redacción 9 octubre, 2026 4 minutos de lectura

La licitación de la Ciudad de la Justicia de Cádiz se retomará tras quedar desierto en abril el procedimiento para actuar en las casas de ingenieros, según el consejero Manuel Gavira

La Junta de Andalucía trabaja para volver a licitar las obras de las casas de ingenieros vinculadas al proyecto de la Ciudad de la Justicia de Cádiz, después de que el procedimiento abierto para esta actuación quedara desierto el pasado mes de abril. El consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, aseguró este 9 de octubre durante una visita al Ayuntamiento que su departamento ha analizado el proyecto y busca evitar que el resultado se repita en la próxima convocatoria.

Gavira abordó la situación de la licitación de la Ciudad de la Justicia de Cádiz en una reunión de trabajo con el alcalde, Bruno García, celebrada en el Consistorio gaditano. El encuentro había sido solicitado por el regidor para tratar tanto el estado de este proyecto como la posible implantación de una tasa turística en la ciudad.

El consejero explicó, en respuesta a las preguntas de los periodistas, que la Administración autonómica está revisando las circunstancias que provocaron que ninguna empresa concurriera con éxito al anterior procedimiento. “Estamos trabajando para que el problema que ocasionó que esa licitación quedara desierta en abril no se repita y, cuando se vuelva a licitar, no quede desierta”, señaló.

Gavira asumió la Consejería el pasado mes de julio, una vez que el procedimiento ya había concluido sin adjudicatario. Según expuso, desde entonces el departamento autonómico ha analizado el proyecto y buscado una solución que permita sacar de nuevo las obras a concurso y mantener en marcha la actuación prevista.

La nueva licitación afecta a las casas de ingenieros, integradas en el proyecto de la futura Ciudad de la Justicia. La reunión no se centró en el conjunto de las obras, sino en la reactivación de este procedimiento concreto después del resultado registrado en abril.

García consideró que el complejo judicial es uno de los proyectos pendientes de Cádiz y defendió la necesidad de impulsarlo. El alcalde lo situó junto a otras actuaciones de la ciudad, como Valcárcel, Portillo y el Hospital, dentro de los asuntos que, a su juicio, requieren avances para su ejecución.

El segundo asunto tratado fue la posibilidad de establecer una tasa turística. El alcalde planteó esta medida como un instrumento para que parte de la actividad vinculada a las visitas revierta directamente en el municipio, aunque el encuentro no se tradujo en el anuncio de una decisión concreta sobre su aplicación.

García sostuvo que el turismo tiene efectos positivos sobre el empleo, el comercio, la hostelería y los establecimientos hoteleros de Cádiz. A partir de esa valoración, defendió una tasa de carácter finalista cuyos ingresos pudieran destinarse a necesidades municipales relacionadas con esta actividad.

El regidor apuntó dos posibles vías para habilitar el gravamen. Una pasaría por una iniciativa de la Junta de Andalucía y la otra por una modificación estatal relacionada con la Ley de Haciendas Locales que permitiera a los ayuntamientos aplicar una tasa finalista. La cuestión se encuentra, por tanto, vinculada a decisiones de administraciones distintas del Consistorio.

La tasa turística y la Ciudad de la Justicia forman parte de las competencias asumidas por la Consejería que dirige Gavira, que reúne las áreas de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local. García valoró la disposición trasladada por el consejero para colaborar en ambos asuntos, aunque el avance más concreto comunicado tras la reunión fue el trabajo técnico para convocar otra vez las obras de las casas de ingenieros.

La visita incluyó también un encuentro de Gavira con los miembros de la Corporación Municipal en el Salón de Plenos y la firma del consejero en el Libro de Honor del Ayuntamiento. Estos actos precedieron a la reunión en la que ambas administraciones revisaron la situación del proyecto judicial y las posibles fórmulas para implantar el gravamen turístico.