La Junta de Andalucía ya ha informado hoy a la Fiscalía de las irregularidades en la celebración del Festival Cabo de Plata entre los días 1 y 3 de julio, tanto en lo que respecta a la acampada ilegal como al concierto en sí, y ha recordado que el evento incumple diversas normativas desde el punto de vista turístico (por la acampada o zona de descanso) y medio ambiental (por la legislación en prevención de incendios en los espacios naturales protegidos).
De esta forma, desde la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz se ha enviado hoy un informe a Fiscalía exponiendo todos los trámites realizados desde diferentes ámbitos de la Administración regional y los requerimientos enviados tanto a los promotores como al Ayuntamiento de Barbate, al tiempo que se ha informado de que el evento no cuenta con autorizaciones por parte del Gobierno andaluz. Este informe es un paso previo a la denuncia que se presentará dentro de varios días por parte de la Junta por los hechos ocurridos.
El delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, ha dejado claro que “no estamos ni en contra ni a favor de que se celebre este evento, que no es el primero que tenemos en la provincia, pero el alcalde y los promotores deben saber que hay unos trámites que realizar y una normativa que cumplir, así como todo tipo de soluciones legales que plantear. Lo que no puede producirse en ningún caso es que se incumpla la ley a sabiendas y a pesar de los múltiples requerimientos y advertencias realizados”.
A este respecto, López Gil ha recordado hoy que desde la Junta de Andalucía es habitual trabajar con distintos promotores para la puesta en marcha de este tipo de eventos. Es el caso por ejemplo de la acampada oficial que se instala cada año en los aledaños del Circuito de Jerez con motivo del Gran Premio de España de Motociclismo y que sí cumple los requisitos legales para no operar de forma clandestina. Para ello, cuentan antes del inicio de actividad con la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía (RTA), y posteriormente disponen del preceptivo informe de clasificación administrativa. La única excepción a esta situación de clandestinidad serían acampadas o zonas temporales descanso en las que no medie ánimo de lucro o publicidad, lo que no ocurre en este caso donde hay promoción de la oferta y precio diferenciado para los que hagan uso de la acampada.
Medidas adoptadas
El delegado del Gobierno ha recordado que desde la Junta no se han concedido ninguna de las autorizaciones solicitadas para el evento, como la de uso de zona de servidumbre de protección, ya que no se cumplen los supuestos para ello al estar el expediente incompleto, al tiempo que se informa de que se ha requerido a los promotores que desmonten parte de la infraestructura (escenarios y carpas) que se había instalado en esa zona.
Del mismo modo, ha adelantado que se ha iniciado ya un expediente sancionador contra los promotores y el Ayuntamiento por las obras de ampliación de un camino que afecta al monte de titularidad pública sin contar con autorización para ello.
Por su parte, como ocurre siempre en este tipo de eventos multitudinarios, la inspección de Turismo estará en la zona, antes y durante la celebración del festival, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con la Guardia Civil para tomar nota de lo que suceda.
López Gil también ha insistido en que los hechos y las irregularidades cometidas se han puesto en conocimiento de la Subdelegación ante el potencial riesgo en materia de seguridad ciudadana y de orden público y en vistas de que se tomen las medidas que se consideren oportunas en ese ámbito y ante la llegada masiva de personas a una zona que no cuenta con autorizaciones y donde hay riesgo potencial para el espacio protegido y los congregados.
Consecuencias jurídicas
El delegado del Gobierno ha insistido en las posibles consecuencias jurídicas que habrá tanto para los promotores como para el gobierno local en caso de que este evento siga adelante sin haber realizado los trámites legales adecuados y sin tomar nota de los requerimientos enviados. “Hay formas para hacer bien las cosas y evitar sanciones y, como ya le dijimos al Ayuntamiento, es la autoridad local la administración competente que deberá prohibir los espectáculos públicos cuando no cuenten con autorización; o si pese a estar autorizados, se detecta un riesgo para los asistentes o para la conservación de espacios protegidos o recursos naturales de especial valor”, ha insistido López Gil.
“Hemos dado todos los pasos para evitar que este evento se produzca en estas circunstancias que no son óptimas desde el punto de vista de la normativa ambiental, de seguridad, higiene, sanitaria, de accesibilidad y de las condiciones de protección contra incendios”, ha apuntado antes de añadir que “confiamos en que no haya problemas que lamentar, e insistimos en que ahora está en manos del Ayuntamiento o de la Subdelegación actuar, ya que la Junta lo va a hacer en lo que respecta a posibles sanciones o para presentar las denuncias que correspondan si finalmente tiene lugar el evento».