La Ley de Vivienda de Andalucía apuesta por facilitar el acceso con más VPO y reforzar la seguridad jurídica

La Ley de Vivienda de Andalucía incrementa la oferta protegida, impulsa la rehabilitación y activa medidas frente a la ocupación

La Ley de Vivienda de Andalucía ha quedado aprobada este martes en el Pleno del Parlamento autonómico, consolidando un nuevo marco normativo que busca facilitar el acceso a la vivienda mediante el incremento de la oferta de viviendas protegidas y a precio asequible. La norma se articula sobre cuatro grandes pilares: ampliar la VPO y la rehabilitación, facilitar la disponibilidad de suelo, reducir la burocracia en los proyectos residenciales y reforzar la seguridad jurídica de los propietarios frente a fenómenos como la ocupación ilegal.

Durante la presentación de la ley, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, destacó que la vivienda es “un reto que debe unirnos a todos”, aludiendo al diálogo mantenido con los grupos políticos y agentes sociales durante la tramitación. Subrayó que el texto final incorpora enmiendas de todas las formaciones parlamentarias y es fruto de un proceso “basado en el consenso”, que ejemplifica la llamada “vía andaluza” impulsada por el Gobierno autonómico.

Díaz recordó que se trata de la primera ley autonómica de vivienda aprobada tras la entrada en vigor de la normativa estatal, pero “es muy diferente”, ya que el Ejecutivo andaluz “ha escuchado, ha dialogado y ha atendido las aportaciones” de sindicatos, colegios profesionales, colectivos ciudadanos, ayuntamientos, diputaciones y entidades públicas y privadas. De las más de 600 alegaciones recibidas durante el proceso participativo, se han aceptado alrededor del 80%.

La nueva Ley de Vivienda de Andalucía se orienta a reforzar la oferta de vivienda protegida tanto en venta como en alquiler, así como a fomentar la rehabilitación de edificios y barriadas bajo criterios de sostenibilidad social, ambiental y económica. Para ello, incorpora la creación de áreas prioritarias, zonas donde se detecta una mayor dificultad de acceso a la vivienda y en las que se concentrarán ayudas públicas para alquiler, compra, construcción o rehabilitación. En estas áreas se aplicarán incentivos específicos para promover la disponibilidad de suelo y el desarrollo de proyectos residenciales.

La norma también impulsa la colaboración público-privada mediante fórmulas como concesiones, subvenciones y nuevos instrumentos de gestión. Se crea una Comisión Andaluza de Colaboración Público-Privada para explorar soluciones adicionales y reforzar herramientas ya existentes, como la permuta de suelo por vivienda o la urbanización de terrenos destinados a VPO.

Otro de los objetivos clave es equilibrar la oferta entre vivienda en venta y alquiler, defendiendo el uso residencial habitual y permanente. Para optimizar la gestión del parque público, la ley prevé un inventario único de viviendas de titularidad tanto de la Junta como de los ayuntamientos, lo que permitirá mejorar la planificación y la resolución de necesidades habitacionales urgentes.

La rehabilitación adquiere un protagonismo central. La ley introduce mecanismos para la reconstrucción de barrios degradados, la eliminación de la infravivienda y la mejora de la eficiencia energética e hídrica del parque residencial. Para ello se crea una Comisión Técnica para la Calidad de la Vivienda en Andalucía, que impulsará estándares de construcción sostenibles e industrializados.

En materia de seguridad jurídica, la ley establece medidas para evitar la ocupación ilegal y la sobreocupación, así como para proteger a los colectivos más vulnerables. Se crea una Comisión de Coordinación en materia de desahucios y ocupación, destinada a mejorar la atención, información y asesoramiento a los afectados dentro del marco competencial autonómico. La norma incorpora también varias de las medidas urgentes aprobadas en febrero, salvo aquellas de carácter temporal, como el aumento de edificabilidad en suelos destinados a vivienda protegida.

Con esta aprobación, Andalucía se convierte en la primera comunidad autónoma en contar con una ley integral renovada tras la normativa estatal. La Junta sostiene que esta regulación permitirá corregir efectos derivados de la ley estatal, como la subida de precios o la caída de la oferta.

La Ley de Vivienda de Andalucía simplifica además el marco normativo anterior, derogando cuatro leyes: la Ley de Vivienda Protegida de 2005, la Ley del Derecho a la Vivienda de 2010, la Ley de Función Social de 2013 y la Ley de Tanteo y Retracto de 2018. El texto ha sido debatido también en la Mesa del Diálogo Social como parte de los compromisos del Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía.

La aprobación de esta ley supone así un punto de inflexión en las políticas residenciales de la comunidad, con un enfoque que busca incrementar la oferta de vivienda asequible, reforzar la planificación pública y garantizar un acceso más justo y equilibrado para los ciudadanos andaluces.