La Ley de Vivienda de Andalucía entra en vigor con medidas para impulsar la VPO y reforzar la seguridad jurídica

La norma autonómica activa instrumentos para aumentar la oferta de vivienda protegida, agilizar trámites y combatir la ocupación ilegal

La Ley de Vivienda de Andalucía ha entrado en vigor este 24 de enero con el objetivo de aumentar la oferta de vivienda protegida, facilitar la rehabilitación del parque residencial y reforzar la seguridad jurídica en materia de vivienda. La nueva normativa pretende responder al incremento de la demanda en diferentes áreas metropolitanas, así como a la tensión en los precios de alquiler y compraventa, apostando por un marco estable que incentive la promoción de vivienda asequible y la protección del uso legítimo de la vivienda.

El texto incorpora medidas dirigidas a expandir el parque de vivienda protegida mediante diferentes vías: la construcción de nueva VPO, la rehabilitación de edificios existentes y la activación de suelo para usos residenciales. Para ello, la ley contempla la creación de áreas prioritarias en determinadas zonas, donde se concentrarán recursos públicos y programas de fomento, desde ayudas al alquiler hasta incentivos fiscales y urbanísticos para la promoción privada de vivienda protegida.

Uno de los ejes centrales del texto es la colaboración público-privada, a través de una comisión específica que trabajará en nuevos modelos de cooperación con empresas y entidades del sector. La Junta plantea utilizar fórmulas como la permuta de suelo público por vivienda, la cesión de parcelas para su desarrollo en alquiler asequible o acuerdos urbanísticos para la gestión compartida de actuaciones residenciales. La intención es reducir la dependencia del presupuesto público directo y movilizar recursos que permitan aumentar el parque residencial de forma sostenida en el tiempo.

La ley también impulsa la rehabilitación, la regeneración de barriadas y la mejora del parque edificado en términos de eficiencia energética y accesibilidad. El texto prevé actuaciones destinadas a la eliminación de infraviviendas, la recuperación de espacios urbanos degradados y la mejora del rendimiento de edificios mediante sistemas de ahorro energético e hídrico. Para ello, se creará la Comisión Técnica para la Calidad de la Vivienda, que analizará procesos constructivos, materiales y soluciones tecnológicas, al tiempo que promoverá la industrialización en la construcción para reducir costes y plazos.

En materia de seguridad jurídica, la ley introduce medidas para combatir la ocupación ilegal, la sobreocupación y otros usos que puedan vulnerar la función social de la vivienda. Para ello se crea una Comisión de Coordinación en materia de desahucios y ocupación, con mecanismos de asesoramiento y seguimiento orientados a fortalecer la respuesta administrativa y evitar situaciones que perjudiquen a los propietarios o impidan el uso adecuado del inmueble.

El nuevo marco normativo también apuesta por la simplificación administrativa y la reducción de trabas burocráticas en la tramitación urbanística y residencial. La ley deroga cuatro normas anteriores relacionadas con la vivienda, evitando la dispersión legislativa que se acumulaba desde 2005. La Junta sostiene que esta unificación legal permitirá acortar plazos y facilitar la actividad residencial, especialmente para la VPO y proyectos de alquiler asequible.

El Gobierno andaluz enmarca esta ley dentro de una planificación más amplia iniciada en 2019, con instrumentos como el Plan Vive en Andalucía, la Ley del Suelo (LISTA) y programas fiscales y financieros destinados a facilitar el acceso a la vivienda, entre ellos el aval hipotecario Garantía Vivienda para jóvenes y primeras compras. En este contexto, Andalucía ha multiplicado por cuatro el número de viviendas protegidas iniciadas en los últimos seis años y se posicionó en 2025 como la comunidad autónoma con mayor actividad residencial en obra nueva.

En paralelo, la ley incorpora un inventario único de vivienda pública para mejorar la gestión y permitirá identificar los activos disponibles, su estado y sus posibilidades de incorporación al mercado. La Junta también activará herramientas destinadas a equilibrar la oferta entre venta y alquiler, con el fin de evitar distorsiones y proporcionar una oferta diversificada.

Con esta ley, la Junta de Andalucía aspira a consolidar un modelo de vivienda que incentive la producción de VPO, mejore la eficiencia del parque construido y fortalezca la seguridad jurídica en el acceso, uso y gestión de la vivienda, defendiendo al mismo tiempo la función social de los inmuebles.