La Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía fija plazos de entre tres y seis meses para autorizaciones

Empresarios, profesionales y responsables públicos analizan en Cádiz la aplicación de la Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía, que modifica los procedimientos de evaluación, licencias y declaraciones responsables

La Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (Legam) establece plazos máximos de entre tres y seis meses para resolver diferentes autorizaciones y licencias ambientales e introduce la posibilidad de coordinar trámites que hasta ahora se desarrollaban por separado. Las novedades de la norma fueron analizadas el 8 de octubre en Cádiz durante una jornada dirigida al tejido empresarial de la provincia.

La directora general de Sostenibilidad Ambiental y Gestión del Litoral de la Junta de Andalucía, Isabel Mirones, explicó que los plazos máximos serán de seis meses para las autorizaciones ambientales Integrada y Unificada, de cinco meses para la Autorización Ambiental Unificada Simplificada y de tres meses para la nueva licencia ambiental de ámbito local. Estos periodos estarán sujetos a las suspensiones y ampliaciones previstas legalmente para cada procedimiento.

La jornada, denominada ‘Responsabilidad Compartida. Empresas y Administración ante los nuevos retos de sostenibilidad’, fue organizada por la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz (CEC), CEC Medio Ambiente y la Diputación de Cádiz. El encuentro reunió a representantes empresariales, profesionales y responsables públicos para abordar las consecuencias prácticas de la ley.

La Legam actualiza el marco establecido por la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 2007 e incorpora los cambios introducidos desde entonces por la normativa europea y estatal. Según expuso Mirones, en su elaboración participaron organizaciones empresariales, sindicatos, entidades locales, colegios profesionales y colectivos ambientales, dentro de la revisión normativa incluida en el Pacto de Diálogo Social de 2023.

Su aplicación afecta a actividades presentes en el tejido productivo gaditano, entre ellas la industria petroquímica, el sector naval, la logística, las energías renovables, el turismo y el comercio. Los requisitos ambientales inciden en la planificación de inversiones, la modernización de instalaciones y las medidas exigibles para proteger el entorno y la salud.

Una de las principales modificaciones es la regulación diferenciada de la evaluación ambiental y los instrumentos de prevención, aunque ambos procedimientos podrán tramitarse de forma coordinada. La ley delimita las fases de los expedientes y los casos en los que es posible realizar trámites conjuntos.

Cuando un documento sea común a los dos procedimientos, podrá presentarse una sola vez si cumple todos los requisitos establecidos. También serán únicos los trámites de consultas e información pública cuando coincidan los procedimientos de autorización y evaluación de impacto ambiental contemplados en la norma.

Determinadas actuaciones sometidas a Autorización Ambiental Unificada o a su modalidad simplificada podrán resolverse en el mismo acto en el que se formule la declaración o el informe de impacto ambiental. Esta opción se aplicará cuando la actuación no necesite autorizaciones sectoriales que deban integrarse en el expediente y permitirá prescindir de trámites adicionales previstos expresamente en el texto legal.

La norma regula además las modificaciones de instalaciones y actividades, la revisión y vigencia de las autorizaciones, las transmisiones de titularidad y los supuestos de cese. También contempla la intervención de entidades especializadas y colegios profesionales en tareas técnicas y de verificación documental, sin alterar las funciones reservadas al personal funcionario.

En el ámbito municipal, la licencia ambiental sustituye a la calificación ambiental. La ley reduce las categorías de actuaciones sujetas a licencia y amplía las que pueden tramitarse mediante una declaración responsable sobre sus efectos ambientales.

En las actividades acogidas a esa declaración, incluidos pequeños negocios, la actividad podrá comenzar desde la fecha indicada en el documento, siempre que se aporte la documentación requerida. Este efecto se limita al cumplimiento de las condiciones ambientales y no sustituye otros permisos que resulten aplicables.

La Legam también prevé una Estrategia Marco de Medio Ambiente como referencia para las políticas ambientales de Andalucía y crea el Consejo Asesor de Medio Ambiente como órgano de consulta y participación. Asimismo, incorpora un registro de personas interesadas en los procedimientos de evaluación y prevención ambiental, cuyo funcionamiento deberá concretarse mediante desarrollo reglamentario.

Otros apartados actualizan la regulación sobre contaminación atmosférica, acústica y lumínica, residuos y suelos. La ley incluye igualmente medidas relacionadas con la ecoinnovación, la investigación y el desarrollo tecnológico, además de regular la planificación de la inspección ambiental, las obligaciones de responsabilidad medioambiental y el régimen sancionador. Se mantiene la obligación de reparar los daños e indemnizar los perjuicios derivados de las infracciones.

En el encuentro participaron también el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Cádiz, Óscar Curtido; la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez; la secretaria general de la CEC, Carmen Romero; el presidente de CEC Medio Ambiente, Gonzalo Ganaza, y el coordinador de la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental y Gestión del Litoral, Jorge Feijóo.

Curtido defendió que la norma busca adaptar los procedimientos a la actividad económica y reducir cargas administrativas sin rebajar las exigencias de protección ambiental. El delegado territorial encuadró la ley en el diálogo mantenido entre la Junta de Andalucía y las organizaciones empresariales para abordar la aplicación de la normativa en los distintos sectores productivos.