La Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía fija plazos máximos de tres a seis meses para las autorizaciones

La Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía reduce de ocho a seis meses el plazo general de la autorización unificada y regula la evaluación de proyectos con efectos sobre el entorno

La Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía, vigente desde junio, establece plazos máximos de entre tres y seis meses para resolver los principales procedimientos de autorización ambiental. La norma regula la evaluación de proyectos y las condiciones que deben cumplir las actividades económicas para proteger el medio ambiente y la salud de las personas.

El texto fija un máximo de seis meses para las autorizaciones ambientales integrada y unificada, cinco meses para la autorización unificada simplificada y tres para la licencia ambiental municipal. En el caso de la autorización ambiental unificada, el plazo general se reduce de ocho a seis meses.

Estos periodos tienen carácter legal y están sujetos a las suspensiones y ampliaciones contempladas en la normativa. Por tanto, no tienen que coincidir necesariamente con el tiempo total transcurrido desde la presentación de una solicitud hasta su resolución definitiva.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fina Martínez, expuso las principales características de la ley durante la entrega en Sevilla del XXI Premio Flacema a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la Industria Andaluza. El acto se celebró en la Fundación Cajasol con representantes de la administración autonómica, empresas y sindicatos.

Martínez relacionó la aplicación de la norma con la necesidad de que las empresas conozcan las exigencias ambientales antes de desarrollar sus proyectos y de que la ciudadanía tenga acceso a información sobre sus posibles efectos. La consejera señaló también que la tramitación requiere coordinación técnica entre administraciones y una explicación comprensible de las decisiones adoptadas.

Durante su intervención abordó igualmente la Ley de Economía Circular de Andalucía, aprobada en 2023. Esta norma plantea prolongar el aprovechamiento de los recursos y reducir la generación de residuos desde la fase de diseño de los productos, cuando se determinan los materiales empleados y sus posibilidades posteriores de recuperación.

Entre sus medidas figura el uso de materias primas secundarias en la construcción. Se trata de materiales recuperados que pueden incorporarse a nuevos procesos productivos. La ley contempla asimismo conexiones entre industrias para que los recursos procedentes de determinadas actividades puedan utilizarse en otras, además de la recuperación de materias primas consideradas fundamentales.

La Consejería trabaja también en la elaboración de la futura Estrategia Andaluza de Economía Circular mediante jornadas participativas en las ocho provincias. La sesión prevista en marzo en Granada estará centrada en la construcción y en las industrias de áridos y piedra natural, según explicó Martínez.

La consejera se refirió además al aprovechamiento de materiales procedentes de otras actividades en la industria cementera como vía para reducir el consumo de recursos naturales. Determinados residuos que no pueden reutilizarse ni reciclarse pueden sustituir parcialmente a los combustibles fósiles en los hornos, siempre que se respeten las prioridades establecidas para su gestión y se obtengan las autorizaciones correspondientes.

En materia de descarbonización, Martínez citó los datos del inventario andaluz de emisiones. Según esas cifras, las emisiones totales de Andalucía descendieron un 42% entre 2005 y 2023, hasta situarse en 38,36 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. La reducción entre 2022 y 2023 fue del 10,2%.

El acto acogió también la entrega de los premios convocados por la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema), entidad integrada por la patronal cementera y organizaciones sindicales. La edición de este año recibió 19 candidaturas.

El primer premio correspondió a Francisco Muñoz, de Diario de Sevilla, por el trabajo “Tierras raras: la inesperada riqueza de las aguas ácidas de Huelva”. José María Montero Sandoval y María José García-Mondelo, de Canal Sur Televisión, obtuvieron el primer accésit por una información sobre el posible aprovechamiento de estos materiales investigado en la Universidad de Huelva.

El segundo accésit fue para Beatriz Castillo, también de Canal Sur Televisión, por un reportaje sobre la producción en Andalucía de combustibles sostenibles para la aviación a partir de materias como aceites usados y restos agrícolas y forestales. Desde su primera edición, celebrada en 2006, los premios han reunido alrededor de 450 trabajos elaborados por más de 300 periodistas.