La nueva ley contra la multirreincidencia incorpora el delito de petaqueo con penas de hasta cinco años de prisión
La inclusión del delito de petaqueo en la Ley de Multirreincidencia, aprobada en el Congreso con apoyo de varios grupos, responde a una demanda histórica en el Campo de Gibraltar para reforzar la lucha contra el narcotráfico.
El Congreso de los Diputados ha aprobado la Proposición de Ley Orgánica en Materia de Multirreincidencia, que incorpora el delito de petaqueo con penas de prisión de tres a cinco años. La reforma tipifica como delito el suministro, transporte o almacenamiento ilegal de combustible destinado a las narcolanchas, una práctica extendida en el Campo de Gibraltar y otras zonas del litoral andaluz.
La medida ha sido respaldada por Junts, impulsora de la iniciativa, y ha contado con el apoyo de PSOE, PP y Vox. Con esta modificación del Código Penal, el abastecimiento de gasolina a embarcaciones vinculadas al narcotráfico deja de ser una infracción administrativa en determinados supuestos para convertirse en delito cuando genere riesgo para las personas o el medio ambiente.
En el Campo de Gibraltar, donde el petaqueo ha sido señalado durante años como una pieza clave de la logística del narcotráfico, la reforma ha sido valorada por colectivos sociales que trabajan contra esta actividad. El presidente de la Federación Provincial Nexos y de la plataforma antidroga Alternativas, Francisco Mena, ha considerado “acertada” la inclusión del delito de petaqueo en la ley.
Según ha explicado, se trata de una reivindicación trasladada durante años al Ministerio de Justicia. A su juicio, el transporte de grandes cantidades de combustible, su almacenamiento en naves o incluso en viviendas, y su posterior suministro a narcolanchas facilita la actividad de las redes dedicadas al tráfico de drogas.
La nueva redacción penaliza la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte o suministro de combustibles líquidos al margen de los supuestos legalmente permitidos cuando se genere un riesgo para la vida, la integridad física, la salud de las personas o el medio ambiente.
Mena ha precisado que la intención no es castigar situaciones aisladas de escasa entidad, sino actuar contra estructuras que manejan miles de litros de gasolina. En la provincia de Cádiz, los juzgados habían tratado de unificar criterios ante la disparidad de interpretaciones legales sobre el petaqueo, lo que, según la plataforma, dejaba margen a vacíos jurídicos.
Desde el Ministerio del Interior se ha destacado que la reforma complementa el Real Decreto-ley 16/2018, que declaró las embarcaciones rápidas como género prohibido. Con esta nueva herramienta legal, se pretende actuar no solo contra las narcolanchas, sino también contra la red de apoyo logístico que las mantiene operativas.
En los últimos años, las fuerzas de seguridad han incrementado las intervenciones de combustible en distintos puntos del litoral gaditano y onubense. Según ha señalado Mena, en algunas operaciones se ha llegado a incautar más gasolina que hachís, lo que interpretan como un indicio de la intensidad de la actividad vinculada al narcotráfico.
El fenómeno no se limita a la costa gaditana. También se han detectado movimientos de combustible en zonas próximas a Doñana y en otros puntos del litoral andaluz, desde donde parten embarcaciones hacia distintas provincias, incluidas Almería y Granada. Estos trayectos más largos requieren mayores cantidades de combustible, lo que incrementa la logística necesaria.
Además del impacto en la seguridad ciudadana, la reforma busca atajar los riesgos asociados al almacenamiento irregular de gasolina en zonas urbanas y el vertido de restos al mar. Las organizaciones sociales advierten de los posibles daños ambientales cuando las garrafas son arrojadas al agua tras su uso.
La entrada en vigor de la ley abre una nueva etapa en la persecución penal de esta actividad en la provincia de Cádiz, especialmente en el Campo de Gibraltar, una de las áreas más afectadas por el narcotráfico en España. Colectivos sociales y fuerzas de seguridad coinciden en que la tipificación del delito de petaqueo refuerza el marco jurídico para actuar contra la logística que sostiene las redes criminales.
