La oposición de Sanlúcar rechaza la ZBE y propone dietas de 450 euros por asistencia a plenos

PP, PSOE y VOX votan en contra de la Ordenanza de Zona de Bajas Emisiones y buscan aprobar un reglamento que permita cobrar nuevas dietas, mientras el Gobierno advierte del riesgo legal y económico para la ciudad.

El pleno ordinario de septiembre en Sanlúcar volvió a evidenciar la confrontación entre la oposición (PP, PSOE y VOX) y el Gobierno municipal de IU, después de que los partidos en bloque votaran en contra de la Ordenanza Municipal de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), cuyo cumplimiento es obligatorio por ley. La sesión se celebró este pasado lunes en el Ayuntamiento.

El delegado de Tráfico y Movilidad, Narciso Vital, recordó que la aprobación de la ZBE “no es un capricho, sino una exigencia legal que afecta a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes” dentro del marco de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética. La negativa de la oposición pone a Sanlúcar en situación de incumplimiento legal, con el riesgo de perder fondos europeos y estatales destinados al transporte público urbano.

La ZBE, diseñada con implantación progresiva y flexible, contempla Zonas de Especial Sensibilidad en entornos escolares, hospitalarios y residenciales, así como excepciones para residentes, trabajadores, vehículos de emergencia, personas con movilidad reducida y servicios esenciales. Además, establece franjas horarias diferenciadas para facilitar la adaptación de la ciudadanía y un régimen sancionador limitado a infracciones graves.

La sesión plenaria también reveló el interés de la oposición por aprobar un nuevo Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Grupos Políticos, que incluiría que cada concejal de la oposición reciba una dieta de 450,75 euros por asistencia a pleno, una compensación que nunca antes se ha cobrado, según informó la alcaldesa, Carmen Álvarez.

El Gobierno municipal lamentó que la oposición continúe centrada en la confrontación y los intereses propios, en lugar de ejercer una oposición constructiva, advirtiendo que estas actitudes “interrumpen el desarrollo de las sesiones plenarias y retrasan la toma de decisiones importantes para la ciudad”. Álvarez instó a PP, PSOE y VOX a dejar trabajar a quienes tienen la responsabilidad de gestionar la ciudad en circunstancias difíciles, y a colaborar en la implementación de políticas legales y necesarias para Sanlúcar.

La aprobación de la ZBE es clave no solo para el cumplimiento normativo, sino también para la protección medioambiental y la mejora de la movilidad urbana, con especial atención a la seguridad en entornos escolares y residenciales. La medida tiene, además, repercusiones económicas, ya que condiciona la recepción de subvenciones estatales y europeas para el transporte público y proyectos sostenibles en la ciudad.

Con esta situación, el Ayuntamiento de Sanlúcar se enfrenta a un escenario donde la oposición bloquea decisiones legales y estratégicas, mientras el Gobierno municipal refuerza su compromiso con la movilidad sostenible, la legalidad y la eficiencia en la gestión de recursos públicos, insistiendo en la necesidad de una colaboración institucional que beneficie a todos los ciudadanos.