La UCA participa en el informe ‘Impacto económico y social de la pandemia COVID-19 en la provincia de Cádiz’

El Colegio de Economistas de Cádiz ha liderado este estudio con la ayuda de expertos del ámbito público y privado que recopila ‘reflexiones para la reactivación y el futuro’

Facultad de Económicas y Empresariales
Facultad de Económicas y Empresariales

Investigadores de la Universidad de Cádiz han participado en la elaboración del informe Impacto económico y social de la pandemia COVID-19 en la provincia de Cádiz, liderado por el Colegio de Economistas de Cádiz, con la ayuda de sus socios y de expertos del ámbito público y privado que recopila reflexiones para la reactivación y el futuro. Concretamente, los profesores Javier Fernández, Luis Gaeta, Nieves Gómez, Daniel Lorenzo y José Ruiz Navarro son coautores del estudio junto a la Comisión de Economía y Emprendimiento del Colegio de Economistas, Luis Barrio, Javier  Cabeza  de  Vaca y Cecilia Jiménez.

Su objetivo es “utilizar la información, conocimientos y talentos de nuestro colegio y de las personas, empresas y responsables institucionales con los que se relaciona, para  afrontar  y  superar  el  reto  que  supone  el  impacto  de  la  pandemia  llamando  a  la  participación social. Este impacto es coyuntural pero también pone de relieve problemas de  carácter  estructural  de  la  economía  gaditana”.

El trabajo de campo del informe se ha elaborado con 231 colegiados,  alrededor  del  34%  de  los  más  de  sus  683 que participaron en una  encuesta específica realizada entre el 13 y el 31 de mayo, con la aportación de 32 expertos, entrevistados entre mayo y junio, del sector privado y público, representativos de las principales actividades económica de nuestra provincia;  y en tercer término, del análisis comparado de una selección de indicadores y  documentación relacionada con la estructura económica y social del territorio y, más específicamente, sobre el impacto económico de la pandemia.

Entre sus conclusiones, destacan “transmitir  a  todos  los  agentes  sociales  de  nuestra  provincia la necesidad de establecer una vigilancia activa ante los profundos cambios y medidas que van a conformar el nuevo ecosistema económico que permita pasar a la acción, para  explotar  las  oportunidades que  se  producirán  y  emprender  el  reinicio  y  transformación de nuestra economía”. En este sentido, “Cádiz debe preparar un repositorio de proyectos relacionados con los fondos destinados a la recuperación: inversiones relacionadas con la construcción de ecosistemas de innovación sostenibles, transición energética y cambios de modelos productivos respetuoso con el medio ambiente y la economía circular, entre otras líneas de acción”.

De este modo, toman como referencia que el impacto de la pandemia ha sido mayor en Cádiz en relación con otros territorios, debido al alto número  de  solicitudes  de  Ingreso  Mínimo  Vital  (el 38% de su población) como  uno  de  los  indicadores  del  alto  coste social y económico. Un efecto de esta crisis, que se suma a las diferencias históricas – aún sin recuperación – de la renta per cápita y el nivel de desempleo. En sus palabras, “demanda una respuesta con altas dosis de solidaridad interregional”.

Al igual que el reconocimiento de la “fragilidad empresarial”, por lo que las empresas de  todos  los  tamaños  se  ven  afectadas  por  la  crisis,  pero  la  sufren  más  las  más  nuevas  y  pequeñas,  muy  presentes  en  la  economía  gaditana.  Seguirán  “siendo  necesarias  medidas  excepcionales  y  específicas  para  frenar  la  desaparición  de  empresas”. Para ello, también animan a apostar por la  existencia  de  un  tejido  empresarial  de  mayor  tamaño  capaz  de  modernizar  sus  modelos  de  negocios,  aumentar  su  capitalización, internacionalización y abordar su renovación tecnológica.

En este informe confirman que Cádiz “debe desarrollar un cuadro de mando o sistema de indicadores de desarrollo con repositorios de proyectos por comarcas que le permita anticiparse a las acciones previstas de recuperación”. Entre ellas, optar preferentemente por el sector industrial que debería alcanzar un 20% del PIB en el conjunto de la provincia.

Asimismo, apuntan que la sociedad debe apoyarse en la universidad como motor “en  proyectos  de  alto  potencial  fruto  de  la  transferencia  investigadora  y  de  su  oferta  de  formación  orientada  a  la  competitividad  de  las  empresas anticipándose a sus necesidades formativas y de empleo” para combatir el desempleo: “una lacra consecuencia de la débil capacitación profesional y el escaso tamaño y eficiencia de gran parte de su empresas y organizaciones”.

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