El Colegio de Economistas de Cádiz ha liderado este estudio con la ayuda de expertos del ámbito público y privado que recopila ‘reflexiones para la reactivación y el futuro’
Investigadores de la Universidad de Cádiz han participado en la elaboración del informe Impacto económico y social de la pandemia COVID-19 en la provincia de Cádiz, liderado por el Colegio de Economistas de Cádiz, con la ayuda de sus socios y de expertos del ámbito público y privado que recopila reflexiones para la reactivación y el futuro. Concretamente, los profesores Javier Fernández, Luis Gaeta, Nieves Gómez, Daniel Lorenzo y José Ruiz Navarro son coautores del estudio junto a la Comisión de Economía y Emprendimiento del Colegio de Economistas, Luis Barrio, Javier Cabeza de Vaca y Cecilia Jiménez.
Su objetivo es “utilizar la información, conocimientos y talentos de nuestro colegio y de las personas, empresas y responsables institucionales con los que se relaciona, para afrontar y superar el reto que supone el impacto de la pandemia llamando a la participación social. Este impacto es coyuntural pero también pone de relieve problemas de carácter estructural de la economía gaditana”.
El trabajo de campo del informe se ha elaborado con 231 colegiados, alrededor del 34% de los más de sus 683 que participaron en una encuesta específica realizada entre el 13 y el 31 de mayo, con la aportación de 32 expertos, entrevistados entre mayo y junio, del sector privado y público, representativos de las principales actividades económica de nuestra provincia; y en tercer término, del análisis comparado de una selección de indicadores y documentación relacionada con la estructura económica y social del territorio y, más específicamente, sobre el impacto económico de la pandemia.
Entre sus conclusiones, destacan “transmitir a todos los agentes sociales de nuestra provincia la necesidad de establecer una vigilancia activa ante los profundos cambios y medidas que van a conformar el nuevo ecosistema económico que permita pasar a la acción, para explotar las oportunidades que se producirán y emprender el reinicio y transformación de nuestra economía”. En este sentido, “Cádiz debe preparar un repositorio de proyectos relacionados con los fondos destinados a la recuperación: inversiones relacionadas con la construcción de ecosistemas de innovación sostenibles, transición energética y cambios de modelos productivos respetuoso con el medio ambiente y la economía circular, entre otras líneas de acción”.
De este modo, toman como referencia que el impacto de la pandemia ha sido mayor en Cádiz en relación con otros territorios, debido al alto número de solicitudes de Ingreso Mínimo Vital (el 38% de su población) como uno de los indicadores del alto coste social y económico. Un efecto de esta crisis, que se suma a las diferencias históricas – aún sin recuperación – de la renta per cápita y el nivel de desempleo. En sus palabras, “demanda una respuesta con altas dosis de solidaridad interregional”.
Al igual que el reconocimiento de la “fragilidad empresarial”, por lo que las empresas de todos los tamaños se ven afectadas por la crisis, pero la sufren más las más nuevas y pequeñas, muy presentes en la economía gaditana. Seguirán “siendo necesarias medidas excepcionales y específicas para frenar la desaparición de empresas”. Para ello, también animan a apostar por la existencia de un tejido empresarial de mayor tamaño capaz de modernizar sus modelos de negocios, aumentar su capitalización, internacionalización y abordar su renovación tecnológica.
En este informe confirman que Cádiz “debe desarrollar un cuadro de mando o sistema de indicadores de desarrollo con repositorios de proyectos por comarcas que le permita anticiparse a las acciones previstas de recuperación”. Entre ellas, optar preferentemente por el sector industrial que debería alcanzar un 20% del PIB en el conjunto de la provincia.
Asimismo, apuntan que la sociedad debe apoyarse en la universidad como motor “en proyectos de alto potencial fruto de la transferencia investigadora y de su oferta de formación orientada a la competitividad de las empresas anticipándose a sus necesidades formativas y de empleo” para combatir el desempleo: “una lacra consecuencia de la débil capacitación profesional y el escaso tamaño y eficiencia de gran parte de su empresas y organizaciones”.