Landaluce propone en el Senado una Zona Económica Especial para el Campo de Gibraltar
El alcalde de Algeciras y senador por Cádiz registra una moción para estudiar la viabilidad de una Zona Económica Especial en el Campo de Gibraltar ante la próxima implantación del tratado sobre Gibraltar y la competencia fiscal del entorno
El alcalde de Algeciras y senador del grupo Mixto por la provincia de Cádiz, José Ignacio Landaluce, ha registrado en el Senado una moción para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores en la que plantea estudiar la implantación de una Zona Económica Especial en el Campo de Gibraltar. La iniciativa busca recabar el respaldo institucional necesario para analizar su viabilidad jurídica, económica y fiscal, así como su encaje en la normativa de la Unión Europea.
La propuesta se produce en el contexto de la próxima implantación del tratado sobre Gibraltar y en un escenario que, según recoge la exposición de motivos, obliga a la comarca a reforzar su posición competitiva. El texto insta al Gobierno de España a manifestar el interés del Campo de Gibraltar en el estudio de medidas que impulsen su desarrollo económico y a abrir espacios de diálogo entre administraciones, tejido empresarial y agentes sociales.
La moción plantea que la posible Zona Económica Especial en el Campo de Gibraltar sea analizada como una herramienta para atraer inversiones y generar empleo en una comarca que, pese a su posición estratégica, continúa afrontando dificultades en materia de paro y diversificación económica.
En la iniciativa, Landaluce subraya la relevancia geoestratégica del territorio, que alberga infraestructuras como el Puerto de Algeciras y un importante tejido industrial y energético. No obstante, señala que estos activos conviven con “importantes desafíos” económicos y sociales, por lo que considera necesario explorar nuevas fórmulas que refuercen su desarrollo.
El senador defiende que el debate sobre la Zona Económica Especial debe abordarse como una cuestión que implique al conjunto de las administraciones públicas y precisa que esta figura no sustituiría las inversiones pendientes en la comarca, sino que las complementaría.
Entre los argumentos expuestos, la moción alude a la competencia directa con territorios del entorno que cuentan con regímenes fiscales o administrativos específicos. En este sentido, menciona el modelo económico diferenciado de Gibraltar y el desarrollo del complejo portuario e industrial de Tánger Med en Marruecos, que en los últimos años se ha consolidado como uno de los principales polos logísticos del Mediterráneo.
El texto sostiene que el Campo de Gibraltar compite con estos enclaves en un mismo espacio geográfico y económico, por lo que plantea estudiar instrumentos que permitan mejorar sus condiciones de atracción empresarial en igualdad de condiciones.
Además de la posible Zona Económica Especial, la moción incide en la necesidad de avanzar en infraestructuras consideradas estratégicas para la comarca, especialmente en materia ferroviaria, viaria, energética y logística, con el objetivo de reforzar la competitividad del territorio.
La iniciativa también toma como referencia un estudio técnico elaborado por la Cámara de Comercio de la Bahía de Algeciras sobre la implantación de una Zona Económica Especial. Ese documento analiza sus potencialidades, su encaje jurídico y los posibles efectos sobre el desarrollo económico comarcal.
La propuesta registrada en el Senado no implica la creación inmediata de esta figura, sino la apertura de un proceso de estudio y debate institucional sobre su viabilidad y alcance. En caso de prosperar, el Gobierno debería analizar los condicionantes legales y fiscales, así como su compatibilidad con la normativa europea en materia de ayudas de Estado y competencia.
El debate sobre la Zona Económica Especial en el Campo de Gibraltar se enmarca en un momento de cambios en las relaciones entre España y Gibraltar tras el Brexit y en un contexto de transformación de las cadenas logísticas internacionales, donde el Puerto de Algeciras juega un papel clave.
La moción deberá ser debatida en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, donde los distintos grupos fijarán posición sobre la conveniencia de iniciar este estudio. De su tramitación dependerá que el Gobierno asuma o no el impulso formal de la propuesta.
