Las comunidades autónomas recibirán 69,2 millones en fondos agrarios para ayudas y sanidad animal

El reparto de fondos agrarios para las comunidades autónomas incluye 50,1 millones para afrontar sobrecostes de fertilizantes y energía y otros 19,1 millones para controlar enfermedades ganaderas

La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural acordó el 21 de octubre la distribución de 69,2 millones de euros en fondos agrarios para las comunidades autónomas. La partida incluye 50.174.300 euros procedentes de la reserva agrícola de la Unión Europea y otros 19,1 millones destinados a programas de sanidad animal.

Los fondos europeos servirán para apoyar a agricultores y ganaderos afectados por el incremento de los costes de producción asociado a la crisis en Oriente Próximo. Las comunidades podrán emplearlos en medidas dirigidas a compensar los sobrecostes de los fertilizantes, de la energía o de ambos conceptos, teniendo en cuenta las pérdidas económicas sufridas por las explotaciones.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha optado por transferir esta financiación a las administraciones autonómicas en lugar de crear una nueva línea de ayudas gestionada directamente por el Estado. Cada comunidad podrá decidir los sectores, superficies y beneficiarios a los que dirige su asignación, así como complementar medidas estatales ya existentes o poner en marcha actuaciones diferentes para atender necesidades territoriales.

El reparto de los 50,1 millones de euros se ha calculado tomando como referencia la superficie agraria útil de 2024 comunicada a Eurostat. Este indicador incluye el conjunto de la superficie agraria de cada territorio, con independencia de su orientación productiva. Todas las comunidades han mostrado su conformidad con las asignaciones y su intención de utilizar los recursos.

Las administraciones autonómicas podrán añadir fondos propios por un importe de hasta el 200% de la cantidad que reciban de la reserva agrícola. Las ayudas podrán cubrir hasta el 100% de los sobrecostes justificados de fertilizantes y energía, aunque deberán evitarse tanto las distorsiones del mercado como la compensación duplicada de gastos ya cubiertos por otras subvenciones nacionales o europeas.

España comunicó a la Comisión Europea el 30 de septiembre de 2026 las condiciones de las medidas planteadas por las comunidades autónomas. Las ayudas financiadas con la reserva agrícola tendrán que abonarse como máximo el 28 de febrero de 2027, mientras que las aportaciones complementarias de las autonomías podrán pagarse hasta el 31 de mayo de ese año.

Esta financiación se suma al Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, aprobado mediante el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo. Según los datos del Gobierno, las medidas estatales destinadas a los sectores agrario y pesquero alcanzan los 1.174 millones de euros tras las dos prórrogas aprobadas.

La Conferencia Sectorial también acordó distribuir 19,1 millones entre las comunidades para actuaciones de control y erradicación de enfermedades animales. La financiación se dirigirá, entre otras medidas, al programa nacional contra la tuberculosis bovina, con el objetivo de compensar la falta de cofinanciación europea.

La partida incluye además indemnizaciones tramitadas durante 2026 por la gestión de focos de influenza aviar y dermatosis nodular contagiosa. Estas actuaciones contemplan el vaciado sanitario de explotaciones y la vacunación contra la dermatosis nodular, con una colaboración financiera estatal del 50%.

Andalucía figura entre las comunidades que recibirán apoyo para adquirir vacunas contra la lengua azul en territorios donde durante 2024 se detectó la circulación de nuevos serotipos. Esta medida también alcanza a Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Murcia. El Ministerio cifra en 142 millones de euros los fondos distribuidos desde 2018 para combatir enfermedades animales.

En la misma jornada, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, informó al Consejo Consultivo de Política Agraria y Pesquera Común sobre las negociaciones de la futura Política Agraria Común para el periodo 2028-2032. Según Planas, la última propuesta de la Presidencia irlandesa recoge mecanismos que podrían permitir a España mantener una dotación equivalente a la del actual marco, aunque su aplicación tendría que decidirse en el ámbito europeo o nacional.

El encuentro abordó asimismo asuntos relacionados con la pesca que afectan al conjunto de la flota española. El próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea analizará un informe de la Comisión Europea sobre simplificación y aplicación de la política pesquera. España reclama que las decisiones sobre los Totales Admisibles de Captura y las cuotas se adopten con mayor antelación y puedan tener carácter plurianual, para mejorar la planificación de la actividad.

El Gobierno también plantea modificar el plan plurianual del Mediterráneo y reducir las cargas administrativas vinculadas al reglamento de control, la renovación de la flota, el relevo generacional y el acceso a líneas de financiación.

En relación con las negociaciones comerciales con países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, entre ellos Filipinas, España mantiene una posición contraria a facilitar un acceso preferente a las conservas y preparados de atún sin condiciones equivalentes. El Ejecutivo sostiene que esos productos deben cumplir los mismos requisitos exigidos en la Unión Europea en materias como sostenibilidad medioambiental, gestión pesquera y lucha contra la pesca ilegal.