Las denuncias por violencia de género en Andalucía aumentaron un 2,9% en 2025
Andalucía contabilizó 41.316 casos y encabezó el volumen nacional, mientras un informe señala las barreras económicas, digitales y sociales que dificultan el acceso al empleo de las víctimas

Las denuncias por violencia de género en Andalucía alcanzaron las 41.316 durante 2025, un 2,9% más que las 40.168 registradas el año anterior. La comunidad concentró el mayor volumen de denuncias de España, según datos del Consejo General del Poder Judicial recogidos en el 14º informe Violencia de género y empleo de la Fundación Adecco.
Por detrás de Andalucía se situaron la Comunidad de Madrid, con 33.516 denuncias; la Comunidad Valenciana, con 27.743, y Cataluña, con 25.970. En el conjunto de España se contabilizaron 204.342 casos, frente a los 199.094 de 2024, lo que representa un incremento del 2,6%.
La evolución fue desigual entre comunidades autónomas. Los mayores aumentos porcentuales correspondieron a La Rioja, con un 14,7%; Castilla-La Mancha, con un 9,6%; País Vasco, con un 7,1%; Galicia, con un 6,6%, y Castilla y León, con un 6%. Por el contrario, las denuncias descendieron en Aragón, Murcia y Canarias.
El informe advierte de que el crecimiento de las denuncias no implica necesariamente un aumento de la violencia en la misma proporción. Entre los posibles factores señala una mayor sensibilización, un mejor conocimiento de los recursos disponibles, una mayor confianza para denunciar y una mayor capacidad de detección por parte de los servicios públicos y las entidades sociales.
El estudio, difundido con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, analiza también el papel del empleo en la recuperación de las víctimas. Sus conclusiones proceden de una encuesta a 175 mujeres que atravesaban un proceso de violencia de género y se encontraban desempleadas o buscando trabajo. La muestra no permite extraer resultados específicos por comunidades autónomas.
Más de nueve de cada diez encuestadas relacionan el acceso al empleo con la posibilidad de recuperar libertad, seguridad y capacidad para planificar el futuro. La dimensión vinculada a la libertad obtuvo un 95,8% de respuestas afirmativas; la seguridad, un 94,8%, y la reconstrucción de proyectos futuros, un 92,6%.
En concreto, el 97,2% considera que trabajar le permitiría disponer de ingresos propios y el 96,5%, tomar decisiones sobre su vida. Un 95,4% cree que facilitaría elegir dónde y cómo vivir, mientras que el 94,1% lo vincula con una mejor organización del tiempo y la conciliación.
En el ámbito de la seguridad, el 96,5% estima que el empleo contribuiría a recuperar la autoestima y la confianza, y el 95,5%, a fortalecer su red de relaciones y apoyos. El 95% señala la estabilidad económica para sus hijos e hijas y el 92,2% considera que trabajar le ayudaría a sentirse más segura y protegida.
La encuesta identifica, sin embargo, obstáculos específicos para acceder al mercado laboral. El 75,3% de las participantes afronta dificultades digitales, el 63% carece de contactos o personas de referencia y el 49% teme que comunicar su situación reduzca sus posibilidades de contratación. También aparecen problemas de conciliación, citados por el 39,4%, y pérdida de autoestima y confianza, señalada por el 36,2%.
Dentro de las barreras tecnológicas, el 47,9% necesita mejorar sus competencias digitales y ganar seguridad en el uso de herramientas empleadas para buscar trabajo. El 36,9% carece de ordenador, teléfono móvil o conexión a internet adecuados para consultar ofertas, enviar currículos o participar en entrevistas telemáticas.
Además, el 15,2% afirma que su pareja o expareja controla o podría controlar sus dispositivos y comunicaciones, o trata de impedir que busque empleo. El informe relaciona estas situaciones con el temor a que el agresor detecte la búsqueda mediante el historial de navegación, los mensajes o el correo electrónico.
La falta de ingresos agrava la situación de las participantes: el 92% tiene dificultades para afrontar gastos básicos después de denunciar o desvincularse del agresor. La vivienda y los suministros son el principal problema para el 73,5%, seguidos de la alimentación, con un 59,7%, y la ropa, con un 48,2%.
El 39% tampoco puede asumir gastos de formación, mientras que el 27,5% encuentra dificultades para pagar el transporte y el 25%, la atención médica o sanitaria. Un informe anterior de la misma entidad situaba en el 67,8% la proporción de encuestadas que no tenía trabajo cuando comenzó a sufrir las agresiones y dependía al menos parcialmente del agresor.
El desempleo también aparece asociado a un mayor aislamiento. El 64% participa menos en actividades sociales por falta de recursos, el 60,5% mantiene menos contacto con otras personas y el 55,6% se siente más sola. Al 56,8% le cuesta pedir ayuda o explicar cómo se siente y el 31,4% considera que su red de apoyo se ha debilitado.
Ante esta situación, el 74,8% cree que un empleo estable le ayudaría a ampliar sus relaciones y apoyos. Begoña Bravo, directora de Inclusión de la Fundación Adecco, sostiene que el trabajo debe complementar la protección y la atención social y psicológica porque aporta ingresos propios, reduce la dependencia y facilita la recuperación de la capacidad de decisión.


