Las Mareas Blancas Gaditanas respaldan las movilizaciones por el derecho a la vivienda
El colectivo se suma al pronunciamiento de Mareas Blancas de Andalucía en apoyo a las movilizaciones por el derecho a la vivienda y vincula las condiciones habitacionales con la salud.
Las Mareas Blancas Gaditanas han respaldado las movilizaciones por el derecho a la vivienda mediante un comunicado consensuado en el ámbito andaluz de la organización. El pronunciamiento, fechado el 30 de septiembre de 2026, defiende la vivienda como un derecho social y subraya su relación directa con la salud de la población.
El documento de Mareas Blancas de Andalucía expresa su apoyo a las protestas desarrolladas en distintos puntos de España para reclamar el acceso a una vivienda digna. La organización define estas movilizaciones como plurales y transversales y considera necesaria una respuesta social amplia para exigir el cumplimiento de los derechos reconocidos por la legislación.
La portavoz de las Mareas Blancas Gaditanas, Teresa Almagro Villar, ha difundido el comunicado acordado por el colectivo andaluz. El texto sitúa las condiciones de habitabilidad entre los factores sociales que influyen en la salud, argumento con el que la organización vincula las reivindicaciones sobre vivienda con su actividad habitual en defensa de la sanidad pública.
Para sostener esta relación, Mareas Blancas cita las “Directrices sobre vivienda y salud” de la Organización Mundial de la Salud. Según ese documento, mejorar las condiciones de las viviendas puede contribuir a prevenir enfermedades, salvar vidas, elevar la calidad de vida y reducir la pobreza, además de favorecer objetivos relacionados con la salud y la sostenibilidad.
El comunicado también recuerda el contenido del artículo 47 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Ese precepto encomienda a los poderes públicos la promoción de las condiciones necesarias para hacerlo efectivo y la regulación del uso del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
A partir de estas referencias, la organización enmarca la vivienda dentro de un conjunto más amplio de derechos sociales, junto con la salud, la educación, las pensiones o la protección del medioambiente. Mareas Blancas sostiene que el acceso efectivo a estos servicios y derechos se ha reducido durante las últimas décadas por la introducción de criterios que califica como privatizadores, mercantilistas y economicistas.
Esta valoración se extiende, según el colectivo, a ámbitos como la sanidad, la enseñanza, la universidad, la atención a la dependencia y los sistemas privados de pensiones. En el caso de la vivienda, las Mareas Blancas critican que sea tratada principalmente como un negocio en lugar de garantizarse como un derecho.
El pronunciamiento reclama finalmente una movilización ciudadana amplia para preservar y ampliar los derechos sociales. La organización considera que esa presión colectiva debe orientarse a garantizar principios como la igualdad, la solidaridad y la equidad, y sitúa las protestas por la vivienda dentro de esa reivindicación común.
