Las prestaciones de ayuda para morir en España alcanzaron 565 casos en 2025, el 0,13% de las muertes
El Ministerio de Sanidad eleva a 565 las prestaciones de ayuda para morir en España en 2025 y a 1.668 desde la entrada en vigor de la ley, con un aumento de solicitudes y diferencias entre comunidades autónomas.
Un total de 565 personas recibieron la prestación de ayuda para morir en España durante 2025, lo que representa el 0,13% del total de fallecimientos registrados en el país, es decir, uno de cada 750 decesos. Así lo recoge el informe provisional presentado este martes por el Ministerio de Sanidad con motivo del quinto aniversario de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia.
Desde que la norma comenzó a aplicarse en 2021, 1.668 personas han ejercido este derecho en España. En ese mismo periodo se han contabilizado 3.716 solicitudes, de las que 1.284 se registraron a lo largo de 2025, lo que confirma un incremento sostenido en la demanda.
Durante el pasado año finalizaron 1.187 procesos relacionados con la prestación de ayuda para morir, independientemente de la fecha en la que se iniciaran. De ellos, 565 concluyeron con la realización efectiva de la prestación, lo que supone el 47,7% de los expedientes resueltos.
En 374 casos, el 31,5% del total, la persona solicitante falleció durante la tramitación. De estos fallecimientos, 277 se produjeron antes de que la Comisión de Garantía y Evaluación emitiera su informe, con un tiempo medio de 32,7 días desde la solicitud y una mediana de 18 días. Los otros 97 fallecimientos ocurrieron después de contar con resolución favorable, con un tiempo medio de 104,9 días desde la petición.
Además, 157 solicitudes fueron denegadas, el 13,2% de los procesos finalizados en 2025. Según los datos facilitados, el 77% de estas denegaciones se produjo en la fase inicial del procedimiento por parte del médico responsable. Otros 91 procesos (8%) terminaron por revocación voluntaria de la solicitud.
Diferencias entre comunidades
La tasa media nacional de solicitudes en 2025 se situó en 2,61 por cada 100.000 habitantes, aunque existen diferencias territoriales. Cataluña registró la tasa más alta, con 6,14 solicitudes por cada 100.000 habitantes, seguida de Navarra (5,41) y País Vasco (5,13).
También se situaron por encima de la media La Rioja (3,67), Illes Balears (3,12), Cantabria (3,03), Asturias (2,96) y Canarias (2,66). El informe presentado por Sanidad no detalla los datos desglosados por provincias, por lo que no se especifica el número de solicitudes o prestaciones registradas en la provincia de Cádiz.
Perfil clínico
El balance provisional refleja diferencias entre las patologías que motivan las solicitudes iniciales y aquellas asociadas finalmente a las prestaciones realizadas.
Las enfermedades oncológicas concentraron el mayor número de solicitudes, con el 37% del total. Sin embargo, entre las personas que finalmente recibieron la prestación, las patologías neurológicas fueron la causa principal, con el 46% de los casos, mientras que las oncológicas representaron en torno al 30%.
Entre las 1.284 solicitudes registradas en 2025, las enfermedades neurológicas supusieron el 31%, por detrás de las oncológicas. No obstante, esta proporción se invierte en el resultado final de los expedientes.
Comparación internacional
El informe sitúa a España en niveles inferiores a otros países con legislación similar. Mientras que la tasa de mortalidad por ayuda para morir fue del 0,13% en España en 2025, en Países Bajos alcanzó el 5,96%, en Canadá el 5,10% y en Bélgica el 4%.
En términos absolutos, en 2025 se registraron 565 prestaciones en España, frente a 16.499 en Canadá y 10.341 en Países Bajos, según los datos expuestos por el Ministerio.
Cinco años de aplicación
La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia entró en vigor en 2021 y reconoce el derecho a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir en determinados supuestos, bajo un procedimiento regulado y supervisado por comisiones de garantía en cada comunidad autónoma.
El Ministerio de Sanidad presentó estos datos en una jornada institucional celebrada en Madrid para hacer balance de los cinco años de aplicación de la norma. El informe es provisional y se elabora a partir de la información remitida por las comunidades y ciudades autónomas.
