Las universidades andaluzas rechazan el reparto presupuestario de la Junta para 2025

Las instituciones públicas discrepan del segundo reparto del presupuesto universitario y alertan del incumplimiento del modelo de financiación aprobado

Las universidades públicas andaluzas han expresado su rechazo al segundo reparto del presupuesto universitario correspondiente a 2025, debatido en el Consejo Andaluz de Universidades celebrado este martes. Tras varios meses de negociaciones con la Consejería competente en materia de universidades, las instituciones académicas han mostrado su desacuerdo mayoritario con la propuesta planteada por la Junta de Andalucía, que no ha contado con su respaldo en el órgano de coordinación del sistema universitario.

El principal motivo del desacuerdo radica, según han señalado las universidades, en el incumplimiento del modelo de financiación aprobado por la propia Administración autonómica en 2023. Desde el sistema universitario público se sostiene que este marco establecía unos compromisos económicos concretos que no se están viendo reflejados en el reparto presupuestario para el ejercicio 2025, por segundo año consecutivo.

Uno de los elementos más señalados en el desacuerdo es la ausencia de una partida de 16 millones de euros que, según las universidades, fue anunciada como compromiso durante el acto de apertura del curso académico por parte del presidente de la Junta de Andalucía. Esta cantidad no ha sido incluida finalmente en la orden de reparto sometida a votación, lo que ha contribuido a bloquear el consenso entre las partes.

El portavoz de las universidades andaluzas, Paco Oliva, ha trasladado la posición conjunta del sistema universitario público, subrayando que la Junta tiene la obligación legal de cumplir el modelo de financiación que fue aprobado por su propio Consejo de Gobierno. En este sentido, las universidades consideran que el actual reparto no se ajusta a los términos establecidos y genera incertidumbre sobre la sostenibilidad económica de las instituciones.

Otro de los aspectos cuestionados es el tratamiento de determinados gastos estructurales. Las universidades rechazan que alrededor de 37 millones de euros correspondientes a conceptos retributivos se encuadren como proyectos estratégicos no consolidables. A juicio de las instituciones académicas, esta fórmula no ofrece estabilidad financiera ni seguridad jurídica, al tratar gastos recurrentes como si fueran partidas extraordinarias y temporales.

Desde las universidades públicas andaluzas se advierte de que este enfoque presupuestario puede tener consecuencias directas sobre el funcionamiento ordinario de los campus. Según han trasladado, la financiación prevista resulta insuficiente para cubrir necesidades básicas, como el pago de nóminas, en un contexto marcado por el incremento de costes y por las obligaciones derivadas de acuerdos laborales y normativos ya vigentes.

El sistema universitario público también alerta del impacto acumulativo que este tipo de decisiones puede tener a medio y largo plazo. Las instituciones consideran que la financiación propuesta profundiza en un deterioro progresivo de la universidad pública andaluza, al no garantizar los recursos necesarios para el desarrollo de la docencia, la investigación, la transferencia de conocimiento y los servicios que prestan a la sociedad.

En este contexto, las universidades han instado a la Consejería a reabrir el diálogo y a retomar una senda de financiación que permita aplicar de forma efectiva el modelo aprobado en 2023. Reclaman que se respeten tanto los compromisos presupuestarios adquiridos como los acuerdos alcanzados previamente entre el Gobierno andaluz y los representantes del sistema universitario.

El rechazo al reparto presupuestario no implica, según han señalado las universidades, una ruptura definitiva del diálogo, pero sí supone un aviso sobre la necesidad de revisar el planteamiento actual. Las instituciones defienden que un modelo de financiación estable y previsible es imprescindible para garantizar la calidad del sistema universitario público y su capacidad para responder a las demandas sociales, económicas y científicas de Andalucía.

La situación se produce en un momento clave para las universidades andaluzas, que afrontan retos vinculados a la adaptación normativa, la captación y retención de talento, la modernización de infraestructuras y el impulso de la investigación. En este escenario, las universidades consideran que la financiación pública debe actuar como un elemento de estabilidad y no como un factor de incertidumbre.

Por el momento, el desacuerdo expresado en el Consejo Andaluz de Universidades deja en evidencia la falta de consenso entre la Junta de Andalucía y las instituciones académicas sobre el reparto de los recursos para 2025, abriendo un nuevo escenario de negociación que las universidades esperan que permita reconducir la situación en los próximos meses.