Las universidades públicas andaluzas cierran 2025 con un déficit de 44 millones y alertan sobre su financiación

El déficit de las universidades públicas andaluzas en 2025, cifrado en 44 millones de euros, lleva a la Universidad de Cádiz y al resto de instituciones a trasladar al nuevo consejero su preocupación por el incumplimiento del modelo de financiación

Las universidades públicas andaluzas han cerrado el ejercicio 2025 con un déficit ajustado de 44 millones de euros y advierten de que la situación puede agravarse en 2026 si no se corrige el actual modelo de financiación. Así lo han comunicado de forma conjunta a través de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA), de la que forma parte la Universidad de Cádiz (UCA).

En el comunicado, las instituciones académicas señalan que el resultado negativo de 2025 confirma las advertencias que vienen realizando desde 2024 sobre el incumplimiento del modelo de financiación aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Según exponen, los ingresos actuales se sitúan “muy por debajo” de los gastos estructurales del sistema universitario público andaluz.

El déficit de las universidades públicas andaluzas en 2025, cifrado en 44 millones, tiene consecuencias directas sobre la gestión ordinaria de los campus. Las universidades apuntan a dificultades crecientes para abordar proyectos estratégicos y de futuro y alertan de que, si la situación se prolonga, podría afectar incluso a los pagos relacionados con el personal.

Además, las estimaciones que manejan para el próximo ejercicio apuntan a un escenario más complejo. Según AUPA, el déficit proyectado para 2026 superará “ampliamente” el registrado en 2025 si no se adopta una solución urgente por parte del Gobierno andaluz.

La comunicación coincide con la reciente reunión institucional entre el nuevo consejero, Jorge Paradela, y el portavoz de las universidades públicas andaluzas, Paco Oliva. Tras ese encuentro, las universidades han trasladado formalmente su preocupación por la situación financiera del sistema y han expresado su confianza en que se abra una vía de solución.

En paralelo, los equipos de gobierno de las universidades andaluzas, incluida la Universidad de Cádiz, trabajan con las consejerías de Universidad; Industria, Energía e Innovación; y Economía, Hacienda y Fondos Europeos a través de una comisión técnica. El objetivo es analizar el escenario económico y plantear medidas que permitan corregir el desfase presupuestario.

Aunque el comunicado no detalla el impacto concreto por universidades, la advertencia afecta al conjunto del sistema público andaluz. En el caso de la provincia, la Universidad de Cádiz cuenta con campus en Cádiz, Puerto Real, Jerez y Algeciras, y desempeña un papel relevante tanto en la formación superior como en la investigación y la transferencia de conocimiento.

Las universidades sostienen que el modelo vigente no está cubriendo los costes estructurales necesarios para garantizar el funcionamiento ordinario de las instituciones académicas. Entre esos gastos se encuentran los vinculados a personal docente e investigador, personal técnico y de administración, así como el mantenimiento de infraestructuras y servicios.

El sistema universitario público andaluz lleva meses reclamando una revisión del marco de financiación para asegurar su estabilidad económica. En el comunicado conjunto, AUPA insiste en la necesidad de una solución “urgente” y de carácter estructural que permita evitar que el déficit se consolide en los próximos ejercicios.

Por el momento, no se han concretado medidas específicas ni un calendario para la corrección del desfase. Las conversaciones entre la Junta de Andalucía y las universidades continúan en el ámbito técnico e institucional.

La evolución de la financiación será determinante para el desarrollo de los presupuestos universitarios de 2026 y para la planificación académica y de investigación del próximo curso. Mientras tanto, las universidades públicas andaluzas mantienen abierta la negociación con el Ejecutivo autonómico en busca de un acuerdo que permita garantizar su sostenibilidad financiera.