Las universidades públicas andaluzas reclaman financiación para cubrir un déficit de 44 millones

La financiación de las universidades públicas andaluzas centró la reunión celebrada en Sevilla, mientras una comisión técnica ultima el cálculo de las necesidades económicas para 2026.

Las nueve universidades públicas presenciales de Andalucía cerraron 2025 con un resultado negativo conjunto de 44 millones de euros, atribuido principalmente a la diferencia entre la asignación autonómica y los costes reales de personal y Seguridad Social. Sus representantes reclamaron este 21 de octubre a la Junta una respuesta sobre la financiación necesaria para 2026 y el cumplimiento íntegro del modelo vigente.

La financiación de las universidades públicas andaluzas fue el asunto principal de la reunión mantenida en Sevilla entre el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, y los rectores y la rectora de estas instituciones. El portavoz de las universidades, Paco Oliva, situó como prioridad la resolución del déficit acumulado por el sistema.

Según los datos expuestos por Oliva, el desfase de 44 millones registrado en 2025 procede fundamentalmente de la insuficiente cobertura de los gastos incluidos en el capítulo 1 de los presupuestos universitarios, correspondiente a las plantillas y las cotizaciones a la Seguridad Social.

La Junta y las universidades constituyeron en abril una comisión técnica para comparar los ingresos destinados a personal con las necesidades reales de los centros. Este grupo se encuentra en la fase final de sus análisis y prevé entregar sus conclusiones entre el final de esta semana y el comienzo de la próxima.

El informe deberá cuantificar las necesidades económicas del sistema para 2026 y determinar la financiación extraordinaria que, según las universidades, resulta necesaria durante el actual ejercicio. Los representantes académicos también plantean que sus resultados sirvan como punto de partida para la elaboración de los próximos presupuestos autonómicos.

Oliva defendió que este análisis permitirá fundamentar las peticiones con datos sobre los ingresos recibidos y los costes efectivos. Las universidades han pedido esperar al dictamen definitivo de la comisión antes de concretar el alcance del desfase, aunque mantienen su reclamación de que se aplique de forma completa el modelo de financiación.

Durante el encuentro, la Consejería presentó además sus líneas generales en materia de desarrollo industrial y transferencia de conocimiento. Ambas partes abordaron posibles vías de colaboración entre la Administración autonómica y el sistema universitario público durante los próximos meses.

Entre los asuntos tratados figuraron el calendario de convocatorias de investigación, el fortalecimiento de titulaciones y la atracción de talento. Los rectores vincularon el desarrollo de estas medidas a la solución de los problemas de financiación que, según sostienen, afectan de forma estructural a las instituciones académicas públicas.