Ley de Residuos: qué es y qué objetivos persigue este marco que obliga a los ayuntamientos a aplicar la tasa de basuras en 2025

La normativa estatal fija nuevas obligaciones para cumplir los objetivos europeos de reciclaje y establece la implantación de una tasa que cubra el coste real de la gestión de residuos urbanos.

La Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, aprobada en 2022, encara su fase definitiva de aplicación con la entrada en vigor, en 2025, de la obligación para todos los ayuntamientos españoles de implantar una tasa de basuras que cubra el coste real de la recogida, transporte y tratamiento de los residuos sólidos urbanos. La medida, basada en el principio de “quien contamina paga”, responde a los objetivos marcados por la Unión Europea en materia de reciclaje y economía circular.

La norma transponía la directiva comunitaria de 2018 y fijaba un plazo de tres años para que los municipios adaptaran su sistema de financiación y su modelo de gestión a los nuevos requisitos. Ese periodo finalizó en abril de 2025, de modo que los ayuntamientos que aún no aplican esta tasa deberán hacerlo de forma obligatoria.

La Ley establece como propósito central avanzar hacia una mayor circularidad de los residuos y reducir los impactos ambientales asociados a su generación y tratamiento. Para ello, introdujo la recogida separada obligatoria de nuevas fracciones como los biorresiduos, textiles, aceites de cocina usados, residuos domésticos peligrosos y objetos voluminosos, además de un calendario de implantación y medidas para reducir la presencia de plásticos de un solo uso.

El marco aprobado en 2022 también persigue minimizar los efectos negativos sobre la salud y el medio ambiente, reforzar la protección del medio marino y contribuir a la acción climática. Todo ello se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, especialmente los relacionados con producción y consumo sostenibles, vida submarina y lucha contra el cambio climático.

En materia económica, la directiva europea exige alcanzar un 55 % de reutilización y reciclaje de residuos municipales en 2025, porcentaje que deberá subir al 60 % en 2030 y al 65 % en 2035. La nueva tasa municipal debe cubrir íntegramente el coste del servicio, incluida la vigilancia, el mantenimiento de las instalaciones y las campañas de sensibilización. Cada ayuntamiento determina el cálculo y el procedimiento de cobro, pudiendo incluir reducciones para familias vulnerables o incentivos asociados a la recogida separada en viviendas o alojamientos turísticos.

Las empresas también están sujetas a nuevas obligaciones desde 2022. La ley prohíbe la venta de determinados productos de plástico de un solo uso, obliga a cobrar un importe específico por cada artículo no reutilizable que se entregue y amplía la responsabilidad del productor para que asuma todo el ciclo de gestión del residuo. A ello se suman gravámenes como el impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables o el impuesto al vertido e incineración de residuos.

La norma impulsa además la fabricación de productos más duraderos, reparables y reciclables, fomentando la reutilización y evitando la obsolescencia prematura. También contempla medidas de información al consumidor sobre la reparabilidad y el impacto ambiental de determinados bienes.

La Ley de Residuos constituye una pieza clave en la estrategia estatal frente al cambio climático. El sector de los residuos genera alrededor del 4 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que avanzar en la prevención, la separación en origen y el reciclaje es esencial para reducir la huella ambiental y mejorar la eficiencia en el uso de recursos. Con la aplicación plena de este marco normativo, España busca consolidar un modelo más sostenible y alineado con los compromisos europeos.