Exigen explicaciones ante los hechos “de especial relevancia y gravedad” constatados en un informe de la Vicesecretaría General de la Diputación de Cádiz
Los alcaldes de Izquierda Unida han solicitado la convocatoria con carácter de urgencia de la Junta General del Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos de la Provincia de Cádiz tras conocer graves irregularidades en la gestión de este servicio por parte de la empresa que tiene su gestión, Bioreciclaje de Cádiz, SA, así como en el procedimiento empleado en su momento para la cesión de esta gestión a Bioreciclaje.
La petición de los alcaldes se basa en el demoledor informe emitido por la Vicesecretaría General de la Diputación de Cádiz, elaborado en marzo de 2019 y del que ha tenido conocimiento recientemente la formación política. Según estiman los alcaldes, dicho informe “pone de manifiesto extremos de especial relevancia y gravedad, constatándose un sinfín de irregularidades e incumplimientos de Bioreciclaje de Cádiz, SA”, y que hacen referencia a “todo lo atinente a la gestión de los residuos urbanos de Cádiz”.
Asuntos como el procedimiento para la cesión de la gestión o la aplicación de la tarifa única centran el grueso de irregularidades sobre las que los alcaldes pretenden obtener aclaraciones en el seno de la Junta General del Consorcio. Por estos motivos han solicitado la convocatoria urgente de este órgano, “habida cuenta de que se trata de un servicio básico municipal y que, a quienes nos corresponde tomas las decisiones lo hagamos con todas las garantías técnicas y jurídicas para quienes ordenan el mismo”, reza en el burofax remitido esta misma mañana al Consorcio por los alcaldes.
De igual forma, solicitan “información del motivo por el cual, el referido informe de la Vicesecretaría General no llegó a conocimiento –de cada uno de los ayuntamientos- como miembro del citado Consorcio” y finalmente, se requiere “informe al respecto de cómo debe actuar –cada ayuntamiento- en relación con el servicio que presta el Consorcio y para el cumplimiento de las obligaciones económicas de este ente local para con el mismo”.