CCOO y Autonomía Obrera acusan a la Universidad de Cádiz de “falta de transparencia y responsabilidad institucional” y aseguran que la gestión del contrato ha supuesto la destrucción de más de 21 puestos de trabajo.
Los comités de empresa de limpieza de la Universidad de Cádiz (UCA), integrados por CCOO y Autonomía Obrera, han denunciado públicamente la “falta absoluta de responsabilidad institucional” de la universidad al sacar a licitación el nuevo pliego del servicio de limpieza sin negociar previamente con la plantilla. Según el colectivo, el documento “está diseñado para restaurar el margen de beneficio empresarial sin contemplar mejoras reales para los trabajadores”.
En un comunicado, los representantes sindicales aseguran que la UCA “ha promovido un escenario conflictivo entre empresas y trabajadores, ignorando deliberadamente las consecuencias que ello conlleva”, y denuncian la existencia de “prácticas irregulares” en la gestión del contrato por parte del responsable técnico del servicio.
Los comités sostienen que el nuevo pliego “pretende cubrir únicamente las obligaciones de sustitución que la empresa adjudicataria ha incumplido durante años”, lo que ha provocado un deterioro de la salud laboral de la plantilla. Añaden que la universidad ha permitido la “destrucción encubierta de puestos de trabajo mediante un ERE no declarado”, ejecutado “con la complacencia de la empresa Itelymp y la falta de fiscalización institucional”.
El colectivo advierte a las empresas licitadoras de que existe un riesgo jurídico derivado de la demanda interpuesta contra la actual adjudicataria y la UCA, por “una destrucción de empleo irregular y sistemática”. “Las empresas que participen serán cómplices de un proceso viciado y judicializado”, afirman.
Asimismo, recuerdan que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía ya anuló el pliego anterior, publicado el 2 de noviembre de 2025, al considerar que “no se garantizó la imparcialidad y objetividad en el proceso” tras detectar una “modificación arbitraria de los criterios de valoración” que supuestamente favorecía a Itelymp.
Los comités también anuncian la presentación de un procedimiento contencioso-administrativo para solicitar la anulación de la modificación contractual aprobada por la UCA “dos años después de un incumplimiento de la adjudicataria”. Según denuncian, esa modificación “permitió un enriquecimiento ilícito de la empresa al no descontar las horas no prestadas en la facturación”.
El comunicado acusa al responsable técnico del contrato de “intervencionismo continuo y coacciones”, al haber promovido un acuerdo con la plantilla que redujo la jornada laboral de 38 a 35 horas semanales, una medida que los sindicatos califican como “una maniobra encubierta para destruir más de 35.000 horas de empleo estructural”.
Para los comités, esta actuación “vulnera los principios de transparencia, imparcialidad y buena administración”, consolidando un modelo de gestión “éticamente reprobable y contrario a la libre competencia”.
CCOO y Autonomía Obrera insisten en que la UCA debe asumir su responsabilidad institucional y jurídica y abrir una investigación sobre la actuación del responsable técnico. “Sin limpieza no hay universidad”, concluye el comunicado, en alusión al deterioro de las condiciones laborales y de salud de la plantilla.
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