CSIF, STAJ, CCOO y UGT protagonizan una cacerolada ante la sede del PSOE de Jerez de la Frontera ante la falta de voluntad del Ministerio de Justicia para negociar las mejoras laborales que merece el colectivo
Los funcionarios y funcionarias de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia siguen intensificando sus protestas tras el fiasco en la reunión de ayer en Madrid entre Ministerio de Justicia y comité de huelga (CSIF, Staj, CCOO y UGT). De esta manera, los trabajadores han celebrado una cacerolada frente a la sede del PSOE de Jerez de la Frontera, para luego dirigirse en manifestación hasta la sede de la Audiencia Provincial.
Los funcionarios de Justicia (que sostienen esta administración, al ser el 93% del total de la plantilla) critican la falta de voluntad del Gobierno central para buscar una salida al conflicto que se alarga ya casi dos meses, y, al mismo tiempo, muestran su respaldo a los representantes del comité de huelga que se encerraron anoche en la sede del Ministerio.
Ayer se produjo la única reunión con el Ministerio desde que se inició la huelga indefinida hace dos semanas, para tratar de llegar a un acuerdo que permita a los funcionarios de Justicia unas mejoras laborales y el reconocimiento efectivo de las funciones que realizan. Sin embargo, desde el Ministerio dirigido por Pilar Llop, no se puso sobre la mesa ninguna propuesta válida que sirva para retribuir a los funcionarios por el trabajo que llevan a cabo. Por ello, los miembros del comité de huelga decidieron encerrarse en la sede ministerial hasta que la Administración no aporte una propuesta digna para acabar con el conflicto. Mientras tanto, la huelga indefinida sigue adelante, así como distintas movilizaciones y asambleas informativas en los juzgados.
Desde que se iniciaron los primeros paros, a mediados de abril, hasta hoy, se han paralizado miles de juicios y expedientes judiciales, provocando un caos en el servicio que se ofrece a la ciudadanía que tardará años en recuperarse. Ante esta situación, CSIF pide disculpas a todas las personas afectadas, pero insiste que el Gobierno central es el único responsable por su intransigencia.