Los graduados sociales alertan del aumento del absentismo laboral en Cádiz y piden medidas estructurales
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta advierte de que el absentismo laboral en Cádiz está teniendo un fuerte impacto en pymes y microempresas y reclama una mayor coordinación entre administraciones para reducir las bajas de larga duración.
El absentismo laboral en Cádiz se ha convertido en un problema estructural con impacto directo en el tejido empresarial de la provincia, según ha alertado este martes el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta. La entidad, presidida por José Blas Fernández Sánchez, advierte del incremento de las bajas por incapacidad temporal, especialmente las de larga duración y las relacionadas con la salud mental, y reclama medidas coordinadas para frenar su evolución.
La organización profesional ha hecho pública su preocupación tras analizar los últimos datos disponibles sobre incapacidad temporal. En el conjunto de España, la tasa de absentismo se sitúa en torno al 7% de la población ocupada, lo que supone más de 1,5 millones de personas que no acuden diariamente a su puesto de trabajo. Según los datos citados por el Colegio, esta cifra es un 68% superior a la media europea y su impacto económico ronda los 0,7 puntos del Producto Interior Bruto.
En Andalucía, la tasa alcanza el 6,6%, con más de 240.000 personas de baja laboral. En la provincia de Cádiz, el coste de la incapacidad temporal por contingencias comunes superó los 565 millones de euros, una cifra que, según los graduados sociales, tiene consecuencias directas tanto en las empresas como en el sistema público de prestaciones.
El Colegio recuerda que en la provincia se registran 36,44 procesos de baja por cada 100 trabajadores, y que la duración media de estas bajas ha aumentado de forma significativa en los últimos años. Destacan especialmente los procesos vinculados a problemas de salud mental, que en muchos casos se prolongan durante periodos cercanos al año.
José Blas Fernández Sánchez ha señalado que el derecho a la baja médica “es incuestionable”, pero ha subrayado la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema y la viabilidad de las pequeñas empresas. Según ha explicado, en una provincia como Cádiz, donde predominan las pymes y microempresas, la ausencia prolongada de un trabajador puede alterar de forma inmediata la organización interna y la actividad diaria.
“El impacto es especialmente severo en los pequeños empleadores, donde la sustitución no siempre es posible y los costes se multiplican”, apunta la entidad. El Colegio considera que el absentismo ha dejado de ser un fenómeno puntual para convertirse en un factor estructural que afecta a la productividad, la planificación de plantillas y la contratación.
Parte del incremento de las bajas, según reconocen los graduados sociales, responde a factores objetivos como el envejecimiento de la población activa, el aumento de enfermedades crónicas y el crecimiento de los trastornos de salud mental. También influyen las demoras en pruebas diagnósticas e intervenciones médicas, que prolongan los periodos de incapacidad temporal.
No obstante, la corporación profesional sostiene que es necesario mejorar los mecanismos de control, seguimiento y coordinación entre los servicios públicos de salud, la Seguridad Social, la inspección médica y las mutuas colaboradoras. En este sentido, recuerdan que muchos de los informes sobre absentismo proceden de entidades como la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), que gestionan millones de procesos de incapacidad temporal y aportan datos sobre incidencia, duración y coste económico.
Entre las medidas propuestas, el Colegio plantea reforzar la inspección médica, agilizar las pruebas diagnósticas, revisar los procesos de larga duración y potenciar el papel de las mutuas en la gestión de las bajas. También propone abordar el absentismo en el marco de la negociación colectiva.
La entidad insiste en que su planteamiento no cuestiona los derechos de los trabajadores, sino que busca un equilibrio entre la protección social y la sostenibilidad empresarial. “Se trata de garantizar que el sistema funcione de forma equilibrada, evitando abusos y protegiendo tanto a los trabajadores como a las empresas que sostienen el empleo”, ha señalado Fernández Sánchez.
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha mostrado su disposición a colaborar con las administraciones públicas, agentes sociales y responsables sanitarios para impulsar soluciones ante lo que considera uno de los principales desafíos actuales del mercado laboral en la provincia.
