Los graduados sociales andaluces alertan de los efectos negativos de la reforma de la jubilación activa
El presidente del Consejo Andaluz señala que el cambio normativo “desactiva esta opción por falta de incentivos para los autónomos”
El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales expresa su preocupación ante los recientes cambios en la reforma de pensiones anunciada por el Gobierno, especialmente en lo que respecta a la jubilación activa para autónomos, cuyas nuevas condiciones podrían ser insostenibles para muchos pequeños empresarios de Andalucía.
La reforma, que modifica las condiciones vigentes desde el año 2013 para hacer compatible cobrar el 100% de la pensión y continuar trabajando, establece que, para acceder a esta modalidad, el autónomo deberá haber trabajado un año adicional desde la edad de jubilación ordinaria correspondiente. Si bien se mejora la compatibilidad entre pensión y trabajo, la medida también limita las posibilidades de los autónomos que deben esperar hasta los 71 años para acceder a esta modalidad sin recortes, dependiendo de su historial de cotización.
Este nuevo acceso, aunque beneficia a aquellos con una carrera profesional consolidada, no tiene en cuenta la realidad de las micropymes. Muchos autónomos, especialmente los que mantienen empleados, no pueden permitirse esperar cinco años para alcanzar el 100% de su pensión. La combinación de la reducción de la pensión inicial y la necesidad de mantener un negocio con empleados supone un dilema económico para quienes no tienen la capacidad de alargar la vida laboral durante tanto tiempo.
Ejemplos de autónomos que actualmente sostienen negocios familiares con varios empleados están preocupados, ya que la reforma obliga a estos empresarios a retrasar su jubilación, lo que podría forzarles a cerrar sus empresas antes de lo previsto. Con la nueva normativa, muchos autónomos preferirán cerrar su vida laboral en lugar de seguir trabajando durante años con la expectativa de recibir una pensión completa, ya que los costes laborales, sumados a los gastos generales de la actividad, no permiten esperar una década para alcanzar el 100% de la pensión.
El presidente del consejo, José Blas Fernández Sánchez, subraya que, aunque la intención del Gobierno es prolongar la vida laboral y asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones, los efectos en las micropymes andaluzas podrían ser devastadores. Estas empresas, que son pilares fundamentales de la economía, podrían verse forzadas a cerrar, lo que incrementaría el desempleo y afectaría la estabilidad económica de miles de familias.
El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales insta al Gobierno a revisar las condiciones de acceso y flexibilizar los requisitos de la reforma para los autónomos, a fin de evitar que las pequeñas empresas se vean obligadas a cerrar prematuramente.
