Los graduados sociales de Cádiz alertan de más carga administrativa en la contratación laboral

El colectivo señala que la carga administrativa en la contratación laboral afecta especialmente a Cádiz, donde el 95,3% de las empresas tiene menos de diez asalariados

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha advertido este 9 de octubre del aumento de la carga administrativa en la contratación laboral tras la entrada en vigor del Real Decreto 723/2026. La norma amplía la información que las empresas deben entregar por escrito a los trabajadores sobre sus contratos y condiciones laborales, con carácter general antes del comienzo de la relación laboral.

La entidad considera que estas obligaciones tendrán una incidencia especial en el tejido empresarial gaditano por el predominio de las pequeñas compañías. Según los datos de 2025 del Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadística citados por el Colegio, el 95,3% de las empresas de la provincia tiene menos de diez asalariados.

El Real Decreto 723/2026, fechado el 9 de septiembre y publicado en el Boletín Oficial del Estado el 15 de ese mes, transpone parcialmente al ordenamiento español la Directiva europea 2019/1152. La regulación sustituye la normativa anterior sobre información al trabajador y tiene como objetivo incrementar la transparencia y la previsibilidad de las relaciones laborales.

La información que debe facilitarse incluye la identidad de las partes, la fecha de inicio y, cuando corresponda, la duración del contrato. También comprende el lugar y el centro de trabajo, el puesto, la categoría y las funciones, además del salario base, los complementos, la jornada y los horarios.

Las empresas deben incorporar asimismo datos relativos al trabajo nocturno o por turnos, las horas extraordinarias, las vacaciones y el periodo de prueba. La relación se amplía a la formación proporcionada por la empresa, el convenio colectivo aplicable, determinadas cuestiones de protección social y los procedimientos para modificar algunas condiciones o extinguir el contrato.

La norma establece además obligaciones relacionadas con el uso de algoritmos o sistemas automatizados de toma de decisiones. Las empresas tendrán que informar sobre estas herramientas cuando puedan influir en la jornada, la asignación de tareas, el salario, la progresión profesional, el lugar de trabajo o la extinción de la relación laboral.

El presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, José Blas Fernández Sánchez, sostiene que la ampliación de la información exigida obliga a recopilar y concretar más datos antes de cada incorporación. A su juicio, esta tarea puede ser asumida con mayor facilidad por empresas que cuentan con departamentos especializados de recursos humanos, mientras que representa una carga adicional para pymes y micropymes.

Fernández enmarca el problema en la acumulación de requerimientos laborales, documentales y de Seguridad Social que afrontan tanto las empresas como los profesionales encargados de asesorarlas. El presidente del Colegio señala que la capacidad para atender esas obligaciones varía en función del tamaño y de la estructura administrativa de cada organización.

El colectivo profesional no cuestiona el objetivo de reforzar el derecho de los trabajadores a recibir información ni la búsqueda de una mayor seguridad jurídica. Su reclamación se centra en que las nuevas exigencias vayan acompañadas de procedimientos sencillos, herramientas eficaces y criterios interpretativos claros, además de una reducción de otras cargas administrativas.

Según Fernández, las empresas necesitan disponer con suficiente antelación de todos los datos exigidos para preparar la documentación antes del inicio de la prestación laboral. El Colegio plantea que la aplicación de la norma debe compatibilizar la transparencia de las condiciones de trabajo con la capacidad operativa de las pequeñas empresas, mayoritarias en la provincia de Cádiz.