Los Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta rechazan las manifestaciones y ataques dirigidos contra el Poder Judicial

El Colegio insiste en que las discrepancias con las resoluciones judiciales deben canalizarse mediante los recursos legales y no mediante presiones, señalamientos o descalificaciones públicas.

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha manifestado su rechazo “rotundo y expreso” a las manifestaciones, concentraciones y actos de presión dirigidos en los últimos días contra jueces, magistrados y sedes judiciales en España. La Junta de Gobierno de la corporación acordó trasladar públicamente su posición ante la escalada de críticas y descalificaciones dirigidas a miembros del Poder Judicial, advirtiendo del riesgo que supone para la estabilidad institucional. La postura se enmarca en la preocupación del colectivo ante un escenario de crispación social y política que, a su juicio, está derivando en un cuestionamiento directo sobre la independencia judicial. La frase objetivo Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta rechazan ataques al Poder Judicial resume el eje central de la declaración.

El presidente del Colegio, José Blas Fernández Sánchez, subrayó que los Graduados Sociales forman parte del ámbito jurídico y trabajan diariamente en los tribunales, defendiendo a trabajadores, empresas, pensionistas y particulares. En este sentido, recalcó que las discrepancias con las resoluciones judiciales son habituales y forman parte de la dinámica procesal, pero nunca deben traducirse en ataques hacia los profesionales encargados de impartir justicia. “Que no compartamos una sentencia no significa que podamos atacar a los jueces; para eso existen los recursos legalmente establecidos”, afirmó.

Fernández recordó que el artículo 117 de la Constitución Española establece la independencia judicial y la responsabilidad de jueces y magistrados únicamente ante la ley. Según indicó, los errores judiciales pueden producirse, como en cualquier profesión, pero el sistema prevé mecanismos de revisión a través de los tribunales superiores. “Lo que no es admisible es un ataque que ponga en cuestión la separación de poderes o que transforme una discrepancia procesal en una deslegitimación del sistema democrático”, declaró.

El presidente destacó además la carga de trabajo a la que se enfrentan jueces y magistrados y el esfuerzo que realizan en su labor, recordando que quienes trabajan en los juzgados conocen de primera mano el compromiso profesional de estos. Recalcó que el señalamiento o la descalificación pública de jueces no solo afecta al Poder Judicial, sino también al conjunto de profesionales del ámbito jurídico, deteriorando la confianza ciudadana en la justicia.

En su posicionamiento oficial, el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta reiteró su apoyo absoluto a la independencia judicial, condenó cualquier tipo de señalamiento o presión hacia los jueces y recordó que las discrepancias deben dirimirse únicamente a través de los cauces previstos en la ley. Asimismo, defendió la preservación del respeto institucional como base imprescindible del Estado de Derecho y del funcionamiento democrático.

Fernández concluyó que la defensa de la convivencia democrática exige responsabilidad y moderación en la expresión pública de desacuerdos. Afirmó que atacar a quienes ejercen la función jurisdiccional supone también atacar la Constitución y los pilares sobre los que se organiza la justicia en España. “Quien no respeta la función de los jueces no cree en la Constitución ni en el Estado de Derecho. Nuestro deber es defender las instituciones y garantizar que prevalezca la confianza en la justicia”, señaló.

Con este pronunciamiento, el Colegio reafirma su compromiso con la estabilidad institucional, el respeto a la separación de poderes y la defensa de las garantías constitucionales que sustentan el sistema democrático.