Los menores infractores de Puerto Real podrán cumplir las medidas judiciales en su municipio

La renovación del convenio entre la Junta y el Ayuntamiento permite que estos jóvenes realicen trabajos en beneficio de la comunidad sin tener que desplazarse a la capital

Los menores infractores que tengan su domicilio en Puerto Real (Cádiz) podrán seguir cumpliendo las medidas judiciales que les impongan los juzgados de Menores en su propio municipio y sin necesidad de desplazarse hasta la capital gaditana. El objetivo es que estos jóvenes realicen en su localidad trabajos en beneficio de la comunidad o tareas socioeducativas.

Para ello, se ha renovado el convenio de colaboración que ha sido firmado hoy por el delegado territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta en Cádiz, Miguel Rodríguez, y la alcaldesa de Puerto Real, María Elena Amaya, y que facilitará que este tipo de medidas de medio abierto, que no conllevan internamiento de los menores, sean ejecutadas en servicios municipales.

Así, los jóvenes llevarán a cabo trabajos en beneficio de la comunidad o tareas socioeducativas en diferentes servicios del consistorio como puedan ser culturales, educativos o de atención social, siempre bajo la supervisión de los técnicos municipales y los servicios de Justicia Juvenil de la Delegación, además de la pertinente autorización judicial. El acuerdo también supone el seguimiento de la permanencia de fin de semana en el domicilio familiar por parte de la Policía Local o, en su defecto, por otro personal funcionario que desempeñe estas funciones.

Con este tipo de convenios se persigue canalizar la cooperación y colaboración entre las administraciones regional y municipales para la ejecución de las medidas y la intervención en el entorno familiar de menores infractores en situación de conflicto con la sociedad que hayan de cumplir las referidas medidas. Así, la colaboración institucional permite actuar en su entorno, lo que contribuye a una intervención más eficaz para las personas menores, y a la prevención de conductas de riesgo en los propios municipios.

Tal y como recoge la Ley del Menor y como administración competente en Justicia Juvenil, la consejería y sus delegaciones tienen la potestad de alcanzar este tipo de acuerdos con entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo y cumplimiento de estas medidas.

La realización de estas tareas no implica ningún tipo de relación laboral con la entidad ni tampoco son remuneradas. Además, todas deberán estar adaptadas a las capacidades del menor y estarán relacionadas con las actividades que desarrolla la misma.

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