Los municipios afectados por el alga asiática en Cádiz celebran la exención del impuesto por llevarla a vertedero
La exención del impuesto por el alga asiática en Cádiz, aprobada por la Junta de Andalucía al declarar la situación de fuerza mayor, aliviará el coste que asumen ayuntamientos como Tarifa y La Línea por la retirada y depósito de miles de toneladas de biomasa invasora.
Los municipios del Campo de Gibraltar más afectados por la presencia masiva de la alga asiática han valorado de forma positiva la exención del impuesto estatal por el depósito de estos residuos en vertedero, tras la declaración de situación de fuerza mayor y extrema necesidad aprobada esta semana por la Junta de Andalucía.
La medida afecta especialmente a localidades como Tarifa y La Línea de la Concepción, que cada año retiran miles de toneladas de Rugulopterix okamurae de sus playas. Con la declaración autonómica, los ayuntamientos quedarán exentos de abonar el impuesto estatal asociado al traslado y vertido de esta biomasa, considerada residuo.
En Tarifa, el delegado municipal de Playas, Ignacio Trujillo, ha señalado que la decisión supone un alivio para las cuentas municipales. Según ha explicado, el Ayuntamiento destinó el pasado año más de 100.000 euros únicamente al traslado del alga hasta el vertedero.
Durante los últimos años, Tarifa ha recibido ayudas económicas de la Diputación de Cádiz para afrontar la retirada del alga asiática, mientras que la Junta ha impulsado otras medidas como el plan de la biomasa. No obstante, el Consistorio venía reclamando más respaldo institucional ante el volumen creciente de arribazones.
En 2024, el municipio recogió más de 11.000 toneladas de alga durante la temporada estival, y en el verano de 2025 superó las 7.000 toneladas. Con una población de unos 15.000 habitantes y cerca de 40 kilómetros de litoral, el Ayuntamiento considera que el impacto económico es difícil de asumir con recursos propios.
Desde el equipo de gobierno local insisten en que la situación es estructural y que requiere una respuesta coordinada de todas las administraciones. Además de la exención fiscal, Tarifa mantiene su petición al Ministerio para la Transición Ecológica de que autorice la comercialización de estos restos, lo que permitiría que empresas interesadas asumieran parte de la retirada para usos industriales o agrícolas, previa transformación.
En La Línea de la Concepción, el concejal de Servicios Operativos y Mantenimiento Urbano, Manuel Abellán, ha destacado que la medida parte de una iniciativa promovida desde la delegación de Playas del Ayuntamiento ante la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.
Según ha explicado, la empresa pública Arcgisa trasladó la consulta al Ministerio de Hacienda, que indicó que la exención solo sería posible si existía una declaración de emergencia ambiental o causa excepcional. Con la aprobación por parte del Consejo de Gobierno andaluz, se cumple ese requisito.
A partir de ahora, los ayuntamientos dejarán de abonar el impuesto estatal vinculado al depósito en vertedero, lo que supondrá una reducción en la tasa que pagan por este servicio. Hasta ahora, los consistorios estaban obligados a repercutir ese coste al tener que satisfacer el impuesto correspondiente.
La Rugulopterix okamurae, originaria del Pacífico, fue detectada por primera vez en 2016 en el entorno del Estrecho de Gibraltar. Desde entonces, se ha expandido por el litoral atlántico y mediterráneo andaluz. En 2020 fue incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras y, en 2022, fue declarada especie preocupante para la Unión Europea.
Su presencia es especialmente intensa en la provincia de Cádiz, aunque también afecta a Huelva, Málaga, Granada y Almería. En la zona del Estrecho se estima una biomasa anual cercana a las 100.000 toneladas de peso fresco, que llega a distintas playas en función de los vientos y corrientes.
La Junta de Andalucía justifica la exención del impuesto por el alga asiática en Cádiz en el carácter imprevisible e inevitable del fenómeno, la ausencia de un responsable directo y la necesidad de actuar por razones de salud pública y protección ambiental. La declaración tendrá vigencia mientras persistan las circunstancias extraordinarias que la motivan.
