Los rectores reclaman 39 millones más para la financiación de las universidades públicas en Andalucía
El rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, ha trasladado al Parlamento que la financiación de las universidades públicas en Andalucía prevista para 2027 no cubre el aumento de los gastos de personal y funcionamiento

Las diez universidades públicas andaluzas han reclamado que el Presupuesto de la Junta para 2027 incorpore al menos 39 millones de euros adicionales para cubrir sus gastos ordinarios. El rector de la Universidad de Cádiz (UCA), Casimiro Mantell, ha presentado este 17 de noviembre ante el Parlamento la posición consensuada de estas instituciones sobre la financiación de las universidades públicas en Andalucía.
Mantell ha comparecido en representación de los rectores y la rectora del sistema público en la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Durante su intervención, ha solicitado enmiendas acordadas por los grupos parlamentarios para elevar de 1.836 a 1.875 millones de euros los fondos destinados a personal y funcionamiento ordinario.
Las universidades reconocen que el proyecto presupuestario incrementa la financiación ordinaria, pero sostienen que la subida no compensa el crecimiento real de sus costes. Según los datos aportados durante la comparecencia, nueve de las diez instituciones cerraron 2024 con un déficit agregado cercano a los 24 millones de euros, una cifra que aumentó hasta casi 44 millones en 2025.
La petición está vinculada al modelo de financiación universitaria aprobado en 2023, que las instituciones académicas consideran que debe aplicarse en su totalidad. Los representantes universitarios valoran las medidas introducidas para reforzar su autonomía, aunque afirman que las cantidades presupuestadas siguen siendo insuficientes para cumplir las previsiones del propio sistema.
Dentro de los 39 millones reclamados se incluyen 15 millones necesarios para atender en 2027 la denominada cláusula de salvaguarda. El resto corresponde a la estimación para actualizar el capítulo II, que engloba los gastos de funcionamiento y suministros y que, según las universidades, permanece sin revisar desde 2023.
Además del aumento de la financiación ordinaria, las instituciones han pedido que se ponga en marcha el mecanismo de nivelación contemplado en el modelo. También proponen un plan plurianual de inversiones en los campus, la eliminación de los intereses asociados a los préstamos públicos y una compensación específica y transparente por las bonificaciones de matrícula.
La financiación de la investigación constituye otro de los asuntos planteados ante la comisión parlamentaria. De acuerdo con las cifras expuestas por las universidades, los recursos destinados a este ámbito pasan de 158 millones de euros a 127 millones en el proyecto para 2027, lo que supone una reducción próxima al 20%.
La intervención ha concretado cuatro compromisos que las universidades solicitan a la Administración autonómica. El primero es completar el segundo reparto de la financiación correspondiente a 2026. A ello añaden la revisión de la cota autorizada de personal y la incorporación al presupuesto de 2027 de los recursos necesarios para cubrir sus costes.
El cuarto punto consiste en acordar una planificación estable que abarque las bonificaciones de matrícula, los mecanismos de nivelación entre instituciones, las infraestructuras universitarias y la investigación. Las universidades consideran que estas partidas deben contar con una programación que permita anticipar su financiación durante varios ejercicios.
Los responsables universitarios también han recordado el objetivo recogido en la Ley Orgánica del Sistema Universitario de destinar al menos el 1% del producto interior bruto a la universidad pública. Según los cálculos trasladados al Parlamento, alcanzar ese porcentaje en Andalucía requeriría una inversión de 2.274 millones de euros.
La previsión para 2027 se sitúa, de acuerdo con las universidades, alrededor del 0,8% del PIB andaluz. La diferencia respecto al objetivo legal forma parte de los argumentos utilizados para solicitar una hoja de ruta que acerque progresivamente la financiación autonómica a ese umbral.
La comparecencia se produce durante la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos para 2027 y tras la llegada de la nueva Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación. Las universidades han reconocido la disposición al diálogo de este departamento, al tiempo que mantienen su petición de modificar las cuentas antes de su aprobación para garantizar la aplicación completa del modelo vigente.


